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BUENOS AIRES (AFP) - Las organizaciones rurales de Argentina evaluaban este domingo si mantenían la huelga que llevan adelante contra la política impositiva o la suspendían para posibilitar negociaciones con el gobierno de Cristina Kirchner, tal como se lo reclamaron entidades representativas de otros sectores económicos.

"El campo está dispuesto a dialogar", dijo este domingo Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que nuclea a 10.000 grandes ganaderos y productores agrícolas.

No obstante, la actitud del sector era motivo de un debate tanto en las cúpulas de las cuatro entidades organizadoras del lock-out como en decenas de asambleas espontáneas en grupos de productores que protestan en rutas y pueblos en toda la fértil pampa húmeda.

Ulises Forte, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, que reúne a unos 100.000 pequeños agricultores y granjeros, aseguró este domingo que continuarán con la medida de fuerza.

"No estamos en condiciones de levantar un paro (sólo) por las dudas", dijo Forte a la radio América, sugiriendo que los gestos del gobierno no fueron suficientes para apostar a que el diálogo prosperará.

Sin embargo, Hugo Biolcatti, vicepresidente de la SRA, admitió que "un clamor general" pide resolver el conflicto.

"La sociedad lo está pidiendo y lo voy a plantear. Tiene sentido captar la sensación que uno está captando y repensar", dijo Biolcatti a la radio Milenium.

El sábado, organizaciones de industriales, banqueros y comerciantes instaron a poner fin a la dura compulsa por los impuestos a la exportación de soja, por los que el gobierno y el agro pulsean desde hace dos meses.

"Hay señales muy claras (del gobierno) de apertura para un diálogo y eso debe ser correspondido", dijo el sábado Juan Carlos Lascurain, presidente de la Unión Industrial Argentina, la principal de las asociaciones empresarias que firmaron un texto conjunto en ese sentido.

Tras un discurso conciliador de la presidenta Cristina Kirchner, el jueves pasado, se sucedieron las exhortaciones a canalizar el conflicto mediante la negociación.

En esa dirección se pronunciaron incluso los sectores oficialistas más enfrentados con la dirigencia agraria, como el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el líder piquetero (desocupados) Luis D'Elía.

Los productores del agro suspendieron el despacho de granos al exterior, en particular de la soja, como continuación de una huelga de 21 días en marzo, que provocó escasez de alimentos en las grandes ciudades.

La nueva protesta se hace sentir en el puerto de Rosario (300 km al norte) donde la semana pasada no ingresó transporte alguno con granos, frente a los 5.500 camiones en promedio que entraban a diario en igual época de 2007.

Argentina exporta 95% de su producción de soja, mientras que el gobierno regula los mercados de maíz, trigo y carnes para impedir que las alzas internacionales causen inflación interna.

Se espera que la soja genere en 2008 una renta de unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno pretende quedarse con 11.000 millones por medio de las retenciones móviles, impuesto que los agricultores consideran confiscatorio.