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Hablar de reducción de impuestos siempre es complicado. La principal razón tal vez radica en que, tal y como dice un conocido refrán: “un pequeño aumento de impuestos le termina costando doscientos dólares al contribuyente, mientras que una sustancial reducción de impuestos le ahorra apenas 30 centavos”.

Ante esa potencial asimetría, hablar de reducir parcialmente un impuesto, aunque políticamente suene muy bien, no garantiza que se traduzca en un aumento significativo en el bienestar de las grandes mayorías. En todo caso, de ser válida la lógica de la cita anterior y desde la perspectiva del contribuyente, mejor sería que no siguieran aumentando los impuestos que reducir algunos de ellos de manera selectiva y parcial.

La eliminación del IVA a ciertos productos de la canasta básica es uno de esos casos en los cuales no queda claro el impacto que podría tener sobre el bienestar de las grandes mayorías. ¿Por qué no? Las razones son varias. Primero, una parte importante de las transacciones de los guatemaltecos están exentas, por ley, de dicho tributo. La Ley del IVA establece que las “ventas al menudeo a consumidores finales en mercados cantonales, municipales y donde todas las ventas no excedan de Q100” no están sujetas a dicho tributo. Según estimaciones del Departamento de Estudios, Análisis y Estadísticas Tributarias de la SAT, el fisco dejó de recaudar en el 2006 casi Q2 mil 500 millones por dicho concepto. En otras palabras, una gran proporción de las transacciones de los guatemaltecos de menos ingresos no están sujetas al pago de este impuesto. Lo cual no sorprende, si se considera lo extendido de la economía informal y la dificultad de fiscalizar a los vendedores en dicho sector. Factores que hacen pensar que una reducción selectiva del IVA podría no tener un impacto significativo sobre el bienestar de los más necesitados.

Segundo, una eliminación selectiva del IVA haría que las empresas en el último eslabón de la cadena de comercialización acumulen crédito, ya que pagarían IVA en sus compras, pero no lo cobrarían en sus ventas. Crédito fiscal que la SAT estaría obligada a devolver; una pesadilla administrativa y financiera que debe evitarse a toda costa. Y si no se devuelve ese crédito fiscal, lo que implicaría que dichas empresas absorban el IVA pagado como parte de sus costos, es casi seguro que una parte, o la totalidad, del impuesto se traslade directamente al consumidor., situación que en nada mejoraría el bienestar del consumidor. Tercero, el régimen del IVA en Guatemala es uno de los más simples de la región. Mientras más exenciones y tratos diferenciados, mayor será la recaudación sacrificada y los costos de administrar y fiscalizar el impuesto.

* Analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)