Prensa Libre - Edición Electrónica

Una luz en el túnel parece verse, como consecuencia del proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, preparada por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, porque en su primera versión incluye algunas de las causas por las que algunos sectores ciudadanos están desmotivados. Se menciona la reducción, a un máximo de 120, del número de diputados; controles sobre el financiamiento de los partidos, posibilidad de voto a los guatemaltecos en el extranjero y sufragio directo y personal en las elecciones de diputados, no por lista de aspirantes señalados por los partidos políticos.

Como es claro, algunas de estas posibles reformas son más difíciles de lograr. La cantidad de diputados y la elección directa, por ejemplo, a causa de que los partidos se han manifestado varias veces en contra de tales prácticas, así como del aumento del número de personas necesarias para fundar un partido político, y los finiquitos necesarios.

Pasada más de una docena de elecciones desde el inicio de la actual etapa de gobiernos electos en comicios libres, no se necesita ser muy avezado en ciencia política para darse cuenta de la necesidad de efectuar reformas a la ley. Los acuerdos de paz, por ejemplo, mencionaban un número específico de 80 diputados, que, a nuestro juicio, es suficiente. Si se continuara con la tendencia actual, la superpoblación de legisladores haría que en otros 20 años se dupliquen los representantes, lo que abre las puertas a la posibilidad de que el Organismo Legislativo sea copado por personas ligadas de manera abierta al crimen organizado, entre otros riesgos igualmente preocupantes.

El proyecto presentado señala aspectos que serán fácilmente apoyados por la población, y por eso se necesita que los diferentes sectores se manifiesten, a fin de que el actual congreso y los partidos políticos existentes en este momento se atrevan a tomar medidas que son beneficiosas para la población, pero no necesariamente para la práctica de medidas politiqueras, y que sean fuertes y se apliquen en la realidad las sanciones para los partidos y los políticos que desobedezcan al Tribunal Supremo Electoral, antes, durante y después de los comicios.

Debido a que el proyecto de reformas debe ser presentado antes del 1 de agosto, las discusiones dentro de la sociedad civil y los propios partidos políticos deben ser iniciadas cuanto antes, para así tener listas a tiempo las sugerencias. Lo que no se puede olvidar es el riesgo de desperdiciar la oportunidad de devolverle la confianza en el sistema democrático a los ciudadanos que no se sienten satisfechos y que han perdido su confianza en el sistema democrático como forma de ejercer el gobierno en un país.

Aún falta mucho camino por recorrer, pero el proyecto que será presentado pronto parece ser una opción que, si bien es mejorable, despierta una esperanza. Es una buena oportunidad, también, para que el Congreso recupere algo del prestigio perdido por las razones ya conocidas. En suma, parece que la luz se ve al fondo del túnel.