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Aunque el Gobierno negó hasta el final haber organizado la marcha —de apoyo al presupuesto del 2009—, en la que ayer participaron miles de campesinos, sindicalistas e indígenas, varios de los consultados dijeron que les ofrecieron pagarles el día y que el transporte fue gratuito, y se vio que la alimentación corrió a cargo de trabajadores gubernamentales.

Varios de los entrevistados no sabían por qué o para qué debían responder a la convocatoria —que tenía como fin presionar al Congreso para que aprobara el presupuesto de Q49 mil millones solicitado por el Ejecutivo—.

Provenientes de Huehuetenango, algunos campesinos revelaron que la diputada oficialista Mirza Arreaga coordinó la movilización.

Ni el frío ni la distancia impidieron el traslado de unas 20 mil personas para pedir a los diputados la aprobación del proyecto de presupuesto. Desde las 6 horas, decenas de autobuses ingresaron en la capital para llevar a los campesinos al parque de Jocotenango y El Obelisco, luego se parquearon en las cercanías del Hipódromo, zona 2.

A ese lugar llegaron vecinos de La Libertad, Huehuetenango; Chisec, Alta Verapaz, y Cubulco, Baja Verapaz. “No sé”, “pregúntele a ellos (los dirigentes)”, “queremos que nos aprueben el presupuesto”, fueron las respuestas más frecuentes que los entrevistados brindaban ayer a primera hora, no sin antes ver hacia todos lados y enfatizar en que no les habían pagado por asistir a la actividad.

El sindicalista Luis Chávez reconoció, a media mañana, que aún trataban de informar a los convocados el porqué habían sido llamados, aunque dijo que tenían unos 15 días de haber empezado a organizar la marcha de ayer.

Al mismo tiempo explicaba que nadie los presionó, pues se trataba de una jornada a la que llamó de lucha y protesta.

Agregó: “Hoy nos estamos movilizando con recursos propios; vayan a ver si alguien está comiendo pollo o pescado, traen su jarrito de atol y tayuyo. No queremos intervencionismos de nadie, solo que se escuche la voz del pueblo, pidiendo un presupuesto enfocado a lo social”.

Por el pago

Poco a poco, los manifestantes empezaron a revelar algunos datos. El gobierno “de Colom” les pagaría el día de trabajo perdido por viajar a la ciudad, estaban por cobrar la segunda parte de lo pactado, cuando salieron de sus comunidades o fueron presionados por dirigentes que —con lista en mano— controlarían a quienes llegaron a protestar.

Los que venían de Chajul, Quiché, y comunidades de Alta Verapaz y Huehuetenango revelaron que por asistir les pagaron entre Q50 y Q75; les dieron desayuno, almuerzo y cena, y les advirtieron que las marchas podrían continuar hoy.

Fuera del Congreso, personal de ese organismo se encargó de organizar a los manifestantes para llevarlos a cafeterías cercanas y hacerse cargo de la cuenta.

El contralor de Cuentas, Carlos Mencos, dijo que había enviado personal a la movilización, para determinar si se utilizaron fondos del Estado.

Mientras, en la Casa Presidencial unos 12 agentes de la Policía Nacional Civil resguardaban el lugar, cuando durante otras protestas es protegido con más efectivos.

Las carreteras al Atlántico y la Interamericana fueron las vías utilizadas por los manifestantes para llegar a El Obelisco, zona 10, y el parque Jocotenango, zona 2, para luego en dos grupos grandes caminar hacia la Plaza de la Constitución, el Congreso y la Casa Presidencial.

A la manifestación “pacífica”, como la llamaron los dirigentes, se unieron los maestros, quienes también marcharon en apoyo a Joviel Acevedo, dirigente magisterial, contra quien fue girada una orden judicial de destitución, quien agregó que aprovecharon para apoyar la marcha por la aprobación del presupuesto y reforma fiscal.

Cada quien con su dirigente

En orden, cada grupo seguía a sus líderes, quienes los trasladaban en filas hacia buses, puestos de comida o, simplemente, les daban directrices sobre el tiempo en que estarían allí.

La 9a. avenida, zona 1, frente al Congreso, fue la primera que se llenó de personas. A las 9 horas, el tramo entre la 9a. y 10a. calles estaba al tope, pues integrantes del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) fueron los primeros en llegar.

Allí, los dirigentes con altavoces exigían a los diputados la aprobación de Q300 millones pactados para el PNR, y gritaban consignas contra Otto Pérez Molina, secretario general del Partido Patriota y los diputados de aquella bancada, quienes se han opuesto a aprobar los Q49 mil millones, con el argumento de que hay poca transparencia en el uso de los recursos.

La diputada Nineth Montenegro tampoco apoya la propuesta del Ejecutivo, y la tradujo en más endeudamiento, más exoneraciones y contradicciones con el discurso del Gobierno.

En la marcha se detectó a personal de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia y otros camarógrafos desconocidos para los reporteros, quienes se acercaban a verificar qué declaraciones daban los consultados a los medios. Otros fotografiaban a los cazanoticias durante las entrevistas con los dirigentes, entre éstos, representantes de la Fundación Turcios Lima.

Pese a que el presidente había confirmado que existían los consensos necesarios para aprobar el proyecto de presupuesto, diputados entrevistados lamentaron el acarreo de pobladores.

Un grupo de manifestantes, cansados, empezaron el retorno a sus municipios entre las 14.30 y 15 horas, en los buses que los esperaban.