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El Ejecutivo firmó ayer un acuerdo gubernativo que prohíbe todo tipo de cobro en cualquier hospital o centro de Salud público. Para garantizar el cumplimiento del mandato se han presupuestado Q300 millones, para evitar cualquier crisis.

Celso Cerezo, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, declaró que la medida está basada en la Constitución, la cual establece que “el Estado velará por la salud y asistencia social de todos sus habitantes”.

Recordó que la medida se encuentra vigente desde que se implementó el Plan de cien días, que promovió el presidente Álvaro Colom al inicio de su gobierno.

El vicepresidente Rafael Espada enfatizó: “Desafortunadamente, las pasiones y las cegueras politiqueras que no tienen visión han diluido el funcionamiento del ser humano, y eso ha provocado el deterioro de la salud guatemalteca”.

Temen saturación

De acuerdo con cifras oficiales, desde que se implementó la gratuidad en salud “se han cubierto dos millones de consultas externas más en comparación con el 2007”.

Sin embargo, el diputado Armando Paniagua, integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, comentó que “dicha medida podría provocar que los principales hospitales del país se vean saturados por el incremento de pacientes, y en consecuencia falten insumos hospitalarios”, advirtió.

Añadió que en el Hospital de Occidente apenas hay dos respiraderos para bebés y un monitor.

Cerezo explicó que para evitar esos problemas, han previsto en el presupuesto de Salud para el otro año una partida de Q300 millones.

Dichos fondos serían utilizados en la construcción de nuevos centros de atención de salud, hospitales y adquisición de medicinas e insumos.