Prensa Libre - Edición Electrónica

En tiempos de cambio climáti- co, cuando es vox populi que la peor crisis que enfrenta la humanidad es la ambiental, cada vez más personas de todo el mundo, con acceso a información y dos dedos de frente, hacen esfuerzos por evitar que esta crisis cobre más gravedad. Ciudadanas y ciudadanos que reciclan, ahorran energía, evitan usar venenos químicos y tratan de minimizar el despilfarro.

Gobiernos que implementan políticas ambientales, líderes políticos y espirituales que condenan la destrucción ambiental por inmoral y poco ética, científicos que se dedican a buscar soluciones a la crisis ecológica. En cambio, aquí, en nuestro ensayo de país, se vuelve cada vez más obvia una estrategia para impedir que se implementen las medidas de protección ambiental, para debilitar a las instituciones encargadas del tema, y para impedir la participación ciudadana, pues éstas estorban a ciertos sectores y les impiden seguir lucrando con los recursos naturales de Guatemala. Tristemente, hay muchos ejemplos de esta estrategia: la acción de inconstitucionalidad planteada el 5 de noviembre por la licenciada María Clemencia Argueta y dos abogadas más al acuerdo gubernativo del Ministerio de Ambiente relacionado a la participación pública en el marco de las evaluaciones de impacto ambiental, el amparo provisionalmente que la Corte de Constitucionalidad otorgó a la Cámara de Industria para dejar sin efecto el acuerdo gubernativo, también del Ministerio de Ambiente, relacionado al registro de sustancias peligrosas para el ambiente y la calidad de vida de los guatemaltecos. Los atentados y las amenazas a los ecologistas. El absurdo recorte presupuestario que quieren recetarle al Conap, al quitarle Q30 millones, acción que virtualmente lo mata, pues le impide realizar las actividades que por ley le competen para proteger la biodiversidad.

Y ahora la burda maniobra legal, aprobada tan velozmente esta semana por el Congreso de la República, para prorrogar los contratos petroleros que están matando una de nuestras más importantes áreas protegidas: Laguna del Tigre. Nadie podría oponerse a una ley que asegurara que las comunidades guatemaltecas —y no solamente las peteneras— recibieran algún beneficio de la explotación de un recurso que nos pertenece a todos los chapines. Pero hay que tener muy claro que ese no es el propósito de esta ley, es solamente el disfraz social. Impresiona la habilidad y la agilidad del operador político de esta “transa”-acción petrolera para lograr que nuestros flamantes diputados aprobaran una ley que lesiona gravemente los intereses del pueblo guatemalteco.

La historia de la explotación de petróleo guatemalteco siempre fue negra; este nuevo capítulo le añade obscuridad y devela intereses muy particulares. Aquí se están jugando millones, votos y negociaciones. El Fonpetrol beneficia a algunos —poquísimos— guatemaltecos (y pronto será obvio quiénes son éstos), pero vulnera la soberanía de Guatemala, el ambiente, el futuro y la dignidad del pueblo que lo eligió.

Entre las mayores necesidades de la población guatemalteca están la integridad y la transparencia de parte de los empleados públicos que escogimos para gobernarnos, administrar y legislar nuestro país. Presidente Colom: usted ha dicho que el suyo es el gobierno de los pobres y que a ellos beneficiará más durante su gestión. Los diputados al Congreso que aprobaron la ley de Fonpetrol acaban de presentarle una oportunidad ideal para que lo pruebe. Usted puede vetar esa monstruosidad legal y hacer honor a su palabra. En sus manos está, señor presidente.