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Acción Ciudadana (AC) recomendó más transparencia al programa Mi Familia Progresa, de Cohesión Social, luego de haber detectado cinco debilidades, entre las que destacan la identificación de los beneficiados y los criterios de selección.

“Para que el programa tenga más credibilidad y legitimidad, deben hacerse públicos la identidad de los beneficiarios (...); la publicación del número de cédula es más una decisión política que jurídica”, manifestó ayer Alejandro Urízar, director de AC, durante la presentación de resultados del monitoreo efectuado a ese proyecto que desarrolla el Consejo de Cohesión Social.

Durante la actividad, Urízar destacó la necesidad de que se cumpla con todos los requerimientos de transparencia que establece la Ley de Libre Acceso a la Información, a pesar de que la normativa no ha entrado en vigencia —hasta marzo del 2009—, pues, aunque existe una página electrónica con información de los beneficiados del programa, ésta es incompleta.

Ese aspecto ha sido uno de los más cuestionados por las diputadas Nineth Montenegro y Roxana Baldetti, a quienes se les ha negado la entrega de listados con direcciones y números de cédula de quienes reciben Q300 al mes.

A la presentación de resultados asistió personal de Mi Familia Progresa, entre ellas, la directora Ana de Méndez y la ministra de Educación, Ana Ordóñez de Molina.

Respecto de cada una de las críticas, De Méndez explicó los mecanismos utilizados para la implementación de Mi Familia Progresa, e informó que tienen asesoría de funcionarios de países donde ya existen programas similares, como México, Perú y Colombia.

Esperan respuestas

Acción Ciudadana destacó a seis delegados desde abril pasado a hacer el trabajo de campo. Detectaron que en los primeros ocho municipios donde se dan transferencias el censo se hizo en plazas públicas, y no de casa en casa.

El monitoreo pretende con este resultado que las autoridades de Mi Familia Progresa establezcan estrategias con tiempo límite para dar respuesta a las recomendaciones.

Mi Familia Progresa es el proyecto más grande de Cohesión Social, su labor es entregar transferencias condicionadas de Q300 a familias pobres de 45 municipios priorizados, con la condición de que envíen a sus hijos a la escuela y asistan a revisiones médicas.

Según las autoridades, de los Q91 millones asignados para ese programa, Q39 millones se han usado para las transferencias condicionadas, y Q5 millones para funcionamiento, pero al cubrir 85 municipios este año, esperan llegar a Q131 millones.

La Contraloría General de Cuentas todavía no ha podido fiscalizar todos los programas de Cohesión Social —Bolsa Solidaria, Comedores Solidarios y Escuelas Abiertas—, pues, aunque ya tienen un código para buscarlos en el sistema financiero del Estado, aún no se han ingresado los detalles de los gastos.