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En tanto funcionarios y ex funcionarios del Gobierno gozan de libertad bajo fianza, y se les investiga por supuesta desviación de millonarias cantidades de dinero del Estado, Rolvin Malfredo Pérez Álvarez, de 29 años, lleva un año preso, acusado de haber robado Q60, pese a que la parte ofendida asegura que él no es el culpable.

Pérez Álvarez, poblador de la aldea La Ceibita, San José Acatempa, fue capturado el 14 de noviembre del 2007 en el barrio El Cóndor, en el que se efectuaba la Feria Ganadera Nacional, cuando compraba conservas.

En ese momento, una menor de 16 años denunció a la Policía Nacional Civil (PNC) que “un hombre gordo, de tez morena”, le había robado Q60.

Pérez recordó que fue copado y le decomisaron la cantidad de dinero que le habían robado a la menor y una pistola sin registro.

Él declaró a la Policía que el dinero que le incautaron era un vuelto que le habían dado en la farmacia del Hospital Nacional, pero las autoridades no le creyeron.

Al día siguiente, la joven fue llevada a la cárcel para que reconociera a su victimario, pero ella aseguró que el detenido no coincidía con la descripción física del maleante.

Sin embargo, el caso continuó, y en septiembre recién pasado comenzó el juicio en el Tribunal de Sentencia de Jutiapa por el delito de hurto agravado.

Durante el juicio, la menor expresó: “El hombre que está ahí sentado (y lo señaló) no es el que me asaltó”.

La madre de la menor, Margara Jessenia Guevara, explicó a los jueces que su hija le expuso que Pérez no era el asaltante: “Ese señor es inocente”, aseguró la niña.

Los agentes Hugo Reyna Enríquez y Élmer Geobanny Cermeño y Cermeño se contradijeron al momento de brindar su testimonio.

El primero declaró que detuvieron a Pérez frente al salón San Rafael, y el otro afirmó que fue frente al parque infantil, pero entre ambos puntos hay cinco cuadras de diferencia.

Aseguraron que a Pérez lo detuvieron in fraganti, cuando la menor aseguró que dio aviso a la PNC cinco minutos después.

Pena tras pena

Durante el tiempo que Pérez lleva en la cárcel, dos de sus cuatro hijos murieron, uno a causa de diarrea severa y otro por neumonía. El padre del detenido, Santos Pérez, dice que fue debido a que no tenían dinero para medicinas.

“Si al ex presidente Alfonso Portillo lo dejaron libre por haberse robado millones de quetzales, por qué a mi hijo lo tienen en la cárcel aún y cuando está comprobado que no tuvo nada que ver en el robo”, reclamó.

El lunes recién pasado, durante la última audiencia del caso, el Ministerio Público (MP) pidió la absolución de Pérez, debido a que “no hay pruebas suficientes”.

Sin embargo, Silvia Quevedo, de la Procuraduría General de la Nación (PGN), querellante adhesiva del caso, pide que Pérez sea condenado a siete años de prisión y al pago de Q2 mil para tratamiento psicológico de la menor.

Declaró que un informe psicológico reveló que la víctima cambió la versión de los hechos por temor, incluso ha caído en el olvido como reacción al miedo.

La abogada afirmó que ella solo cumple con el mandato legal de apoyar a personas que carecen de un abogado.

El tribunal no le dio valor probatorio al informe psicológico y fijó la sentencia para el 1 de diciembre próximo.

El detenido y su familia confían en que el tribunal dicte una sentencia absolutoria.