Prensa Libre - Edición Electrónica

El elevado número de atracos a cuentahabientes no ha tenido mayor impacto en el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, tanto para impulsar intensas campañas preventivas respecto del comportamiento individual en el retiro de dinero de bancos, como en la investigación de esos hechos, debido a lo cual esas instancias no pueden entregar cuentas medianamente satisfactorias acerca de actuaciones en defensa del interés social.

El espectro de la comunicación pública está saturado de propaganda gubernamental dedicada a la alimentación de la egolatría de determinados funcionarios, pero vacía en cuanto a logros de beneficio comunitario, y carente, por ello, de credibilidad en los públicos meta, por cuanto, ante los destinatarios, lo que cuenta son los hechos. Ese dinero, tomado de las arcas públicas alimentadas con los impuestos de los contribuyentes, estaría mejor empleado en programas enfocados a difundir estrategias para enfrentar las vicisitudes originadas en retos de orden económico o delictivo que acaparan, en estos tiempos, la preocupación pública.

En medio de la ya larga vorágine violenta que golpea a los habitantes de este país, sin ningún tipo de discriminación, no se ha conocido, hasta ahora, de una sola iniciativa pública para aconsejar a las personas sobre la manera más segura de efectuar operaciones bancarias o manejar dinero en efectivo, como tampoco para salir bien libradas de las embestidas delictivas. Ofende que, en medio del agobio de una crisis causada por un monstruo de muchas cabezas, la publicidad oficial tire al desagüe elevadas sumas económicas, en el afán innecesario, torpe y fallido de ensalzar personajes o dependencias, por logros inexistentes o precarios, pero que, en todo caso, son obligados en las funciones públicas, y sin merecimiento, por lo tanto, de un excesivo boato pagado con dinero ajeno.

Irónicamente, mientras la propaganda oficial al mejor estilo goebeliano trata de esconder o maquillar las grandes debilidades del Estado, la delincuencia rampante —a la que está expuesto todos los días el guatemalteco sin acceso a la protección personal que se recetan los altos funcionarios de gobierno— desnuda, por una parte, la carencia patética de políticas preventivas frente a la criminalidad, y por la otra, la falta de resultados en la investigación de los asaltos a cuentahabientes, no obstante las numerosas pistas y sospechas que afloran hasta al entendimiento de los neófitos en la materia.

Las tres instancias antes señaladas están obligadas a entregar cuentas a la población con relación a esos hechos, salvo que su ineficiencia llegue a tal grado que, pese a ciertas rutas claras para encaminar las pesquisas, sus funcionarios sean incapaces hasta del más elemental razonamiento para seguirlas y dar con los hilos conductuales de las estructuras delictivas.

Lo peor que puede pasar es que, frente a la incesante actividad delictiva, el Gobierno se insensibilice ante lo recurrente, trate de disfrazar su incompetencia por medio del retorcimiento de escenarios sociales, y manifieste, por toda acción, como trágicamente ya se estila en su conducta, la suma de víctimas a una estadística ominosa que cada día se abulta más, porque no existe fuerza capaz de frenarla.