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En lo que va del año se han producido, por lo menos, 28 ejecuciones, no por parte de turbas enardecidas, sino de grupos bien armados y estructurados para matar, que cobran una cuota a los vecinos por su “servicio de seguridad”.

Estas agrupaciones aterrorizan a la población con la publicación de listas negras de delincuentes por liquidar. La PDH acusa a la Policía de pasividad frente a estos actos, mientras las autoridades aseguran que investigan a esas organizaciones.

“Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas del 8 de noviembre, en una casa del barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, acusado de secuestro. El grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores”. Esta era la información que se publicaba un día después del crimen, y que daba cuenta de un supuesto linchamiento, aunque en realidad se trataba de la forma de accionar de un escuadrón de la muerte que, desde hace meses, actúa con total impunidad en Palín.

A esa nota de prensa le faltaban unos cuántos detalles que ayudaran a explicar el porqué del asesinato, y que pone en duda si la víctima era un delincuente.

El 20 de febrero de este año, la familia Alonso Pirique presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que aseguraba que estaban siendo extorsionados por personas que les ofrecían protección para su negocio de panadería y reparación de celulares, a cambio de que les dieran un pago mensual.

La familia se negó al chantaje y, poco después, dos de sus hijos aparecían en una lista de posibles ejecutables, junto con otras 21 personas, firmada por Ejército secreto de ejecución. Casi al mismo tiempo, patrullas de la Policía empezaron a hacer guardia frente a la casa y a tomarles fotografías.

Aunque la PDH solicitó, tanto a la Policía como al Ministerio Público, que se investigaran las amenazas, nunca hubo respuesta. La familia Alonso incluso acudió a una reunión con el comisario de Escuintla para pedir ayuda.

Un mes después, Manuel de Jesús Alonso, el hijo mayor, fue detenido y acusado de plagio, pero salió libre por falta de pruebas.

El 8 de noviembre, el hijo mayor de los Alonso se encontraba junto con su familia en su vivienda, cuando 30 hombres vestidos de verde olivo, con botas militares y armados con fusiles rodearon la casa. Las víctimas llamaron por teléfono a la comisaría y al destacamento militar para pedir auxilio, pero no llegaron. Los encapuchados entraron por la fuerza a la vivienda, encañonaron y golpearon a la familia, y sacaron a Manuel arrastrado a la calle.

Cuando los padres del acusado pudieron salir de la casa, que estaba ardiendo, vieron a la Policía en la puerta, que observaba el cuerpo calcinado de su hijo. “Para qué vienen ahora que ya no hay nada que hacer”, les gritó la madre de Manuel. Los agentes solo se rieron.

Los volantes, que en el lugar del crimen repartió este grupo paramilitar, decían textualmente: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.

La PDH ha recibido varias denuncias de vecinos de Palín, que viven atemorizados por este grupo, el cual se ha erigido como “supuesto salvador del municipio”, pero eso sí, a cambio de que todos colaboren con una cuota, en algunos casos hasta de Q20 mil.

En lo que va del año se han llevado a cabo 28 linchamientos, según el Organismo Judicial, aunque la Policía solo registra seis. A diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, los ejecutores no son pobladores desorganizados que deciden “tomarse la justicia por sus manos”, sino que se trata de grupos que con premeditación aplican la pena capital con total libertad, como si fueran el Ku Klux Klan.

Lo mismo ha ocurrido en Izabal, donde por lo menos cuatro personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por una banda autodenominada Grupo sin derechos humanos.

Estas personas, que actúan encapuchadas, están dispuestas a matar a aquellos jóvenes que lleven puestos aretes, tatuajes, el pelo largo, o que sean acusados de ladrones. Ofrecen sus servicios a cualquiera que les proporcione una lista de “posibles delincuentes”. A pesar de que la PDH informó de estos casos a la PNC y el MP, aún no han recibido respuesta.

Recientemente, otra banda se ha conformado en Escuintla y, aunque parece ser menos agresiva que la de Palín, patrullan las calles encapuchados, armados con machetes y pistolas. Cobran Q50 por sus servicios, y le han solicitado al gobernador que los dote de gafetes y radios.

Uno de los casos más graves que ha tenido lugar en el 2008 es el de San Juan Sacatepéquez, donde unas supuestas juntas de seguridad han tomado el control del municipio a cambio de contribuciones “obligatorias” de los vecinos. La anarquía e impunidad han llegado a tal nivel que una persona que se negó a ser registrada en un retén establecido por estas agrupaciones fue secuestrada, torturada y posteriormente quemada, debido a su irreverencia.

Esta organización, según constan en denuncias en la Procuraduría, tiene incluso un cementerio clandestino en el que entierra a sus víctimas, por lo que muchos de los casos de ejecuciones que se dan en el municipio nunca son reportados por las autoridades. Aún así se les atribuye la responsabilidad directa de, por lo menos, seis muertes.

El precursor de todos estos grupos que han proliferado como la pólvora por todo el país fue el constituido hace dos años en Santiago Atitlán, Sololá, único caso en que fueron detenidos ocho de sus integrantes, pero que quedaron libres por falta de mérito.

En los departamentos del oriente del país, esta función de exterminio la ejercen los sicarios del narcotráfico, que se preocupan de que los delitos contra el patrimonio no suban, y de tener supuestamente contenta a la población.

Todos ellos operan bajo la pasividad y, en algunos casos, la connivencia de las propias autoridades locales, que se ven incapaces de enfrentarlos.