Guatemala, 21 de octubre de 2008
La Fiscalía investiga la apropiación indebida de cheques que Taiwán entregó al Gobierno, pero fueron a parar a cuentas particulares del entonces presidente Alfonso Portillo.
Las pesquisas seguían el destino de US$1.5 millones, pero más adelante se logró establecer que, en total, Portillo recibió US$2.5 millones.
La Fiscalía sigue la pista de tres cheques a nombre de Portillo y dos más a nombre de la offshore Oxxy Bank, con sede en Belice y que pertenece al Banco de la República.
El Gobierno de Taiwán envió un primer informe a la Fiscalía contra la Corrupción, donde refiere que dos cheques a nombre de Oxxy Bank debían ser usados para Bibliotecas Presidenciales, pero no se pronuncia sobre el resto del dinero.
Pese a que los recursos eran para una obra pública, nunca ingresaron en el presupuesto nacional.
La Fiscalía solicitó a Taiwán, desde hace más de tres años, información de los cheques entregados, a fin de establecer el destino final de los recursos que recibió Portillo.
El 10 de enero del 2000, Taiwán le entregó a Portillo un primer cheque, por US$500 mil, de la cuenta del Banco de Comercio Internacional de China, con sede en Nueva York. El 25 de julio de ese año le fueron girados dos cheques más —números 847 y 848— de la misma entidad, por US$500 mil cada uno.
Después le entregó otros dos cheques, a nombre de Oxxy Bank. Todos estos fondos supuestamente estaban destinados a la impresión de textos del proyecto Bibliotecas Presidenciales para la Paz.
Por coralia orantes
En el Ministerio Público (MP) aparecen abiertos al menos tres procesos por lavado de dinero contra el ex gobernante Alfonso Portillo y su familia, los cuales alcanzan aproximadamente Q15 millones.
Según los investigadores, esos casos aún están en proceso y, de concretarse las pesquisas, se podrían emprender nuevas acciones judiciales, que se sumarían al delito de peculado, por el que fue extraditado Portillo.
Los tres hechos suman al menos Q15 millones. La Fiscalía tiene indicios de que ese dinero pertenecía al erario y fue lavado durante el mandato de Portillo.
Una de las principales características de los hechos es que aparecen como beneficiarios Otilia Portillo Padua, hija del ex mandatario, y la ex esposa de éste, María Eugenia Padua.
Las investigaciones han establecido que esos fondos no quedaron en manos de las mencionadas, sino que fueron trasladados después a cuentas del ex presidente.
Hay partes de ese rompecabezas que aún no se han unido, ya que las autoridades de EE. UU. y de México no han remitido toda la información.
También falta que la Task Force (fuerza de tarea) instalada en EE. UU. en el 2004, cuando recién terminaba el mandato de Portillo, rinda su informe final sobre las pesquisas de actos de corrupción cometidos durante ese período presidencial.
Agentes de la Task Force han entregado datos preliminares al MP, en los que se establece el embargo de cuentas y bienes de Portillo y su familia en EE. UU.
En una de las investigaciones se descubrieron depósitos que Portillo efectuó en el 2000 y el 2001 desde el Banco Promotor, del cual Francisco Alvarado Macdonald —su financista— era el principal accionista.
Además, durante la gestión de Portillo, el Gobierno le inyectó millonarios fondos a ese banco, para darle estabilidad, en medio de malos manejos y traslado de dinero a empresas vinculadas; sin embargo, en la actualidad, esa entidad está en proceso de quiebra.
El dinero salió del Banco Promotor y fue enviado al Hamilton Bank, en Miami.
Al rastrear los recursos, se estableció que en los años 2002 y 2003 fueron trasladados a la offshore (entidad fuera de plaza) Education Holding Company, en las Islas Bermudas, y de allí fueron enviados a una cuenta en el Riggs Bank, Londres, a nombre de Otilia Portillo Padua, hija del ex mandatario.
Tras los escándalos, Portillo Padua cerró la cuenta, en marzo del 2003, luego de haber manejado US$1 millón 141 mil 354. Meses después se detectó que abrió otra cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya, en París, por US$990 mil. Se investiga si efectuó otros movimientos.
Cuando salieron a luz los diversos hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de Portillo, se descubrió en Panamá que se habían abierto cuentas bancarias con fondos provenientes de Guatemala.
Las pesquisas en aquel país arrojaron que los fondos ingresaron en el sistema financiero panameño, y luego fueron enviados otra vez a Guatemala, a una cuenta en Oxxy Bank (con sede central en Belice, propiedad del Banco de la República). Pero los recursos de nuevo tuvieron movimiento hasta llegar a México.
En este país, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que en el Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), Portillo tenía tres cuentas bancarias: una de cheques, número 0161-0388-001658; otra en dólares, 0161-0160-494196, y una tercera, de inversión, 0161-0190-0109128.
Éstas tenían registradas las firmas de Portillo y de su hija Otilia.
La información proporcionada por los bancos abarca de enero del 2000 a enero del 2004, pero no establece si aún están abiertas y cuáles son los saldos.
Portillo Padua no fue la única que recibió fondos procedentes de Guatemala, también fue beneficiada María Eugenia Padua González, ex esposa de Portillo.
En ese momento, Padua González tenía abierta la cuenta 0610-3880-02093, en el Banorte, donde recibió, en el 2001, unos seis millones de pesos mexicanos —al menos Q5 millones—.
Uno de los depósitos se efectuó el 1 de febrero del 2001, por medio de una transferencia electrónica enviada por el banco Serfin, S.A., y al ingresar fueron retirados 5.9 millones de pesos.
Quince días después, el 16 de febrero del 2001, se depositaron 600 mil pesos, y el mismo día fueron retirados 599 mil.
Autoridades mexicanas establecieron que existen otros movimientos parecidos, que oscilan entre siete y ocho millones de pesos.
Durante esas fechas, curiosamente, fueron aprobadas las transferencias de fondos de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación hacia el de la Defensa.
Según los documentos contables, se trasladaron unos Q906 millones. Uno de esos traspasos fue de Q120 millones, de los cuales Q34 millones fueron para José Armando Llort, presidente del Crédito Hipotecario Nacional en esa época.
Las autoridades no han establecido qué sucedió con el resto del dinero, pero la declaración de Llort en EE. UU. induce a que el ex presidente se quedó con recursos de las transferencias, con los que se compró un reloj, una camioneta y varios inmuebles.
Otra de las denuncias, aún en investigación, es la presentada por Griselda Amaya Cordero, en el 2004, que señala a Portillo de lavado de dinero durante su mandato.
Según la denunciante, la acción penal se debe a la cantidad de actos de corrupción cometidos durante los cuatro años en que Portillo estuvo al frente del Gobierno.
Entre los escándalos que describe Amaya están los fondos del erario que fueron a parar a bolsillos de funcionarios y de otras personas vinculadas al poder.
Además, en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero aún no se define qué acciones se tomarán contra Portillo, por su vinculación en el desfalco al Estado Mayor Presidencial, ya que del 2000 al 2004 se perdieron Q244 millones.
Dos militares retirados y un comerciante enfrentan juicio por peculado y fraude en ese caso.
Las pesquisas establecieron que los recursos usados de manera anómala se registraban como partidas secretas.
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