Prensa Libre - Edición Electrónica

El presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua (Tragua), Javier Bogantes, explica que la situación hídrica del país es alarmante, según las denuncias que han recibido, y opina que la minería a cielo abierto es un problema a nivel continental. Esta semana se llevará a cabo una audiencia pública de este tribunal —de carácter ético—, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en donde se presentarán varios casos de atentados que se dan en Centroamérica contra el medioambiente y el agua.

¿Cómo ven la falta de interés político en Guatemala para aprobar una ley general de aguas?

Las leyes tienen gran importancia, porque ordenan y le otorgan respaldo legal al uso adecuado y a la protección del agua, a nivel nacional. Como en el resto de los países centroamericanos, es urgente que se promueva ese tipo de políticas.

¿Qué puntos específicos debe llevar ese tipo de leyes?

En términos generales, la ley de aguas tiene que garantizar el derecho humano de acceso al agua y establecer cómo debe actuar la administración pública para asegurarlo. Es importante rescatar que la distribución de agua potable no debe ser totalmente concesionada a empresas privadas, sino que lo ideal sería un manejo mixto entre el Estado y el sector empresarial.

¿Pero no es este el caso?

La situación de Guatemala en cuanto al manejo del agua es gravísima; se sitúa entre los peores de América Latina. Ejemplo evidente es la contaminación del río Villalobos y del Lago de Amatitlán. Lo más alarmante es que tenemos reportes de que tanto el Lago de Izabal como el de Atitlán se encuentran en proceso de contaminación, que debe detenerse inmediatamente.

¿Qué otros indicios de esta situación han hallado?

Hemos percibido que el tema del agua ha llegado incluso a generar problemas entre comunidades en la provincia, porque hay pueblos que contaminan los ríos y a la siguiente población le toca recibir esa agua, además de carecer de servicio residencial del fluido. Esto genera malestar popular que puede desembocar en actos violentos, como ha ocurrido en varias comunidades de Sololá. Este problema lo hemos comprobado con las visitas de nuestros técnicos a esos lugares.

¿Con esta crisis podría acabarse el agua o disminuir significativamente en un futuro cercano?

Podríamos pensar que tal vez no se acabe, pero si volteamos a ver en cualquier dirección, la gente está dependiendo del agua embotellada para el consumo, y no como se hacía antes, cuando era normal tomar agua del chorro. En los años cincuenta y sesenta, las personas abrían el chorro y saciaban su sed tranquilamente; ahora no se puede. La seguridad hídrica se ha perdido, no se puede estar seguro de si tomo agua proveniente de las tuberías me voy a enfermar al día siguiente.

¿Qué se debe hacer entonces?

Es urgente que el Estado guatemalteco empiece a recuperar las grandes fuentes de agua del país; los ríos, lagos, el agua subterránea; todo. Se deben aplicar normas que protejan los cuerpos hídricos. Todo esto comienza por la formación y producción de leyes. Actualmente, es evidente que el Estado no tienen la capacidad de lograr un abastecimiento o los proyectos necesarios para abastecer a toda la población de agua potable.

¿El Tribunal Latinoamericano del Agua puede influir en la promoción de estas leyes?

Los veredictos del Tribunal no son vinculantes; es decir, no se impone ningún tipo de sanción penal. Se atienden denuncias de varios sectores acerca de situaciones que atenten contra el medioambiente y los recursos hídricos, para luego dar veredictos basándonos en la ética.

¿Cómo funciona el Tribunal ?

En varias etapas, se llevan a cabo foros de carácter científico, en donde se hacen las denuncias, se analizan detenidamente con un equipo de técnicos y especialistas en el tema, para preparar un veredicto. Luego, se llevan a cabo las audiencias, en donde se invita a todas las partes involucradas, tanto el que pone la denuncia como la persona o institución señalada. Al mismo tiempo, se les extiende una invitación a instituciones gubernamentales e internacionales. Al final, se tiene el veredicto.

Cuando se da un veredicto, ¿es más que todo moral?

Los veredictos no son vinculantes, sino que son de orden ético, y se establecen recomendaciones científicas para que el daño a los recursos pare o se acuerde una solución viable.

Entonces, ¿cuál es la postura de una empresa a la cual se le da un veredicto que no le favorece?

Hay una situación importante en cuanto a las empresas, y es que ahora no solamente representan una marca y confeccionan sus productos, sino que al mismo tiempo tienen una cara institucional que deben mantener lo más transparente posible; deben mantener una estrecha relación con la sociedad, el ambiente y todas las personas que podrían llegar a perjudicar. Hay que dejar claro que si las leyes se cumplieran, el Tribunal no tendría razón de existir.

Tienen 10 años de existir, ¿cuántas denuncias han recibido?

Aproximadamente, hemos recibido 80 casos significativos a nivel latinoamericano, pero cabe mencionar que alrededor de 48 han terminado en audiencias y con veredicto.

De estos casos presentados, ¿cuál ha causado más revuelo?

El caso de la hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, México. Los constructores anunciaron que se iba a inundar una zona habitada por 30 mil personas. En esa ocasión, la población estuvo en pie de guerra, y se manifestó totalmente en contra del proyecto, asegurando que jamás iban a aceptar que se estableciera la represa. El veredicto del Tribunal tuvo resonancia a nivel internacional. Se llevó a Naciones Unidas y se le dio cobertura por parte de los medios más importantes de ese país.

Luego ¿qué sucedió?

Hicimos un taller de seguimiento. La comunidad demandante nos hizo saber que el veredicto del Tribunal había sido muy importante, ya que el proyecto se paralizó.

¿Ha ocurrido algún caso similar en Centroamérica?

Hubo uno que resonó en los medios de comunicación, por el veredicto; correspondió a una denuncia en contra de la minería a cielo abierto que se presentó en México por parte de tres países: Guatemala, Nicaragua, y El Salvador.

En Guatemala, ¿cuál fue el resultado?

En este caso se redactó un documento denunciando directamente que la minería a cielo abierto afectaba los recursos hídricos de las poblaciones aledañas; fue una sanción histórica. Hay que recordar que los veredictos tienen varias funciones, una de ellas es evidenciar que algo está sucediendo en una determinada región. Estas conclusiones finales fueron presentadas por un jurado de expertos internacionales que recomendaron la censura de esta actividad y sugirieron que se mejoraran los procesos de producción, para que respete al medioambiente y los derechos de las poblaciones cercanas.

¿Pero la minería a cielo abierto en el país no ha cesado?

Lamentablemente no. Este tipo de violaciones al medioambiente, por parte de la industria minera, se da desde Argentina hasta México.

¿Han tenido éxito al detener un proyecto?

Un caso ejemplar es el de El Salvador. Tuvimos un foro en el que dos de las principales compañías mineras de ese país se presentaron, y se llevó a cabo un debate bastante interesante, en donde se escuchó a las partes involucradas y se dio un referente para que las demás compañías acudieran.

¿Cuál fue el resultado en este caso?

Se percibieron y fomentaron posiciones que determinaron que El Salvador era un país muy pequeño para que se diera la explotación minera a gran escala, y se tomó en cuenta la postura de la población, que evidenciaba total rechazo, como en la mayoría de países en que se lleva a cabo.

Pero no cesó.

No completamente, pero el eco que producen los veredictos resuena, para que se tome conciencia de la situación, establecer precedentes y una plataforma en donde las personas se puedan abocar para denunciar a nivel internacional. Este es un medio para salir de la frustración colectiva que sienten cuando hacen referendos, protestan o acuden a un juzgado y no se soluciona nada.