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Delitos

Fundamento legal para las detenciones.

• Espionaje: lo comete quien procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas, concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado. Será sancionado con prisión de seis meses a dos años, y multa de Q200 a Q2 mil.

• Revelación de secretos de Estado, ya sea comunicando o publicando documentos u otros datos relativos, será sancionado con prisión de dos a cinco años, y multa de Q500 a Q3 mil.

• Intercepción de comunicaciones con agravación: quien valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones telegráficas, telefónicas u otra semejante, será sancionado con multa de cien a mil quetzales. Si el autor aprovechare su calidad de funcionario, será castigado con pena de prisión de seis meses a tres años.

• Incumplimiento de deberes: el funcionario que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de uno a tres años.

Aduce pacto con fiscal general 

Para no “estorbar” en la investigación, el presidente Álvaro Colom se abstuvo ayer de opinar sobre la orden de captura contra Carlos Quintanilla.

Adujo que se puso de acuerdo con el fiscal general, Amílcar Velásquez, en que no opinará sobre el caso, ya que se encuentra bajo investigación en el Ministerio Público (MP).

Al finalizar su programa Gobernando con la Gente, en Totonicapán, los periodistas insistieron en el caso de Quintanilla, y preguntaron si era el traidor del que habló el jueves último, y el mandatario se limitó a responder: “Ahora esperamos que el MP logre llegar al final y encontrar a los reponsables que instalaron esas cuestiones” —en la Casa Presidencial y otros lugares—.

Resaltó que ninguno del Ejecutivo dará más declaraciones al respecto.

Sobre renuncias de personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad —se supo de unas 15—, Colom insistió en que es un caso grave, y que el orden ya está regresando a esa dependencia.

Ex jefe de la SAAS 

Carlos Quintanilla Villegas, amigo y financista de Álvaro Colom durante las dos campañas proselitistas, es propietario de la empresa Servicios de Protección Particular. Influyó en los nombramientos de funcionarios en Gobernación, Defensa y la SAE. La Fundación Mack lo señaló de haber manipulado en el Congreso para que la ley de armas y municiones estuviera acorde a sus intereses.

Ex jefe de la SAE 

Gustavo Bladimir Solano causó baja en el Ejército con el grado de capitán. Integró el equipo de seguridad de Colom durante la pasada campaña electoral. Propietario de empresas de seguridad y amigo de Carlos Quintanilla, quien influyó para que fuera nombrado en la SAE. Fue jefe de seguridad del Congreso, durante la presidencia de Rolando Morales, ex integrante de la UNE.

Activista  Un distractor 

“Podría tratarse de un distractor, para que se olviden otros temas. Me parece que se debió haber hecho una investigación a fondo antes de pedir las capturas, porque hasta ahora hay responsabilidades administrativas, pero no sé si cuentan con evidencias”, expresó Helen Mack, activista pro justicia.

Diputada  “Es tardío” 

“Creo que el presidente perdió la oportunidad de dejar actuar al Ministerio Público y de que se ordenara la captura el mismo día en que se anunció la separación de Quintanilla de la SAAS. Desde el jueves hasta hoy, el ex jefe de la seguridad presidencial es prófugo de la justicia”, dijo Roxana Baldetti, del Partido Patriota.

Inicia impresión de carteles 

Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación, informó que ya se inició la impresión de carteles de búsqueda de Carlos Quintanilla, ex jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, y de Gustavo Solano, ex secretario de Asuntos Estratégicos. “Esperamos que la próxima semana sean distribuidos los afiches”, afirmó el funcionario.

Agregó que aún no se ha determinado si se ofrecerá recompensa a quien aporte datos para la captura de los señalados por espionaje.

Suponen que siguen en el país 

Registros migratorios señalan que ninguno de los ex funcionarios con orden de captura han abandonado el país por las fronteras o aeropuertos.

El fiscal Rony López dijo que desde ayer el juez de turno remitió las órdenes de arraigo a la Dirección General de Migración, con el propósito de que los sindicados no puedan salir del país.

Refirió que el equipo de fiscales, con apoyo de la Policía Nacional Civil, continuará en busca de Quintanilla y de Solano, a fin de que aclaren su situación legal, por el caso de espionaje telefónico denunciado por el presidente Álvaro Colom.

López refirió también que seguirá la búsqueda de aparatos de espionaje, en la Casa Presidencial y en otras oficinas —el jueves recién pasado, el gobernante habló de siete—. Para la detección, contarán con personal calificado.