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Como era de esperarse, la reforma al Reglamento de Tránsito para incorporar prohibiciones y regulaciones sobre el uso de motocicletas ha generado reacciones a favor y en contra, aunque resultan más abundantes las segundas, porque no se ha tomado en cuenta la necesidad de miles de ciudadanos que no tienen acceso a automóvil.

Indudablemente fueron buenas las intenciones del veto para que viajen en esos vehículos más de dos personas, pero al haber sido tomado de manera precipitada y sin consenso, ha ocasionado los efectos previsibles en toda medida inconsulta y de alta incidencia social.

Hay distintas razones válidas para el malestar de muchas —aunque no todas— las personas que utilizan motocicleta. En primer lugar, no hubo una fase de educación vial que permitiera entender con claridad los alcances de la orden; no se pensó en qué sugerirles a los padres de familia que transportan a sus hijos, y a esposos que hacen lo mismo con sus cónyuges, para llevarlas a los lugares de trabajo. Tampoco se sabe dónde se podrán comprar los chalecos, ni los precios de los cascos protectores, ni nada respecto de las compañías de seguridad privada que utilizan de manera rutinaria aquel medio de locomoción.

Por otra parte, la medida fue decidida para que se aplicara en la totalidad del territorio nacional, pero la realidad indica que los asesinatos cometidos por sicarios en moto son un problema casi reducido a la capital, y que en los departamentos del país la importancia de estos vehículos es aun mayor a la región metropolitana.

Es imperativo también informar si habrá excepciones —niños y mujeres, por ejemplo— y quién las autorizará, e igualmente cómo se ha pensado disminuir la posibilidad de casos de corrupción para que los infractores no sean multados.

Uno de los efectos no previstos es que al dejar a pie a miles de ciudadanos se les expone a cualquier hecho delictivo, tanto en la calle como en autobuses del transporte público, mientras no existe total certeza de que ese sacrificio colectivo reduzca de manera significativa la posibilidad de los asesinatos perpetrados por motoristas, en tanto éstos se escabullan entre los carriles llenos de automóviles, sobre todo en los momentos de mayor tráfico.

La lógica indica que el Gobierno debe dejar sin efecto la reforma citada, con el fin de escuchar las opiniones de expertos, así como para aplicar los criterios que han sido utilizados en otras ciudades de este continente. De otra manera cosechará los efectos contraproducentes de un acto del que esperaba gratitud pública, por suponerlo beneficioso para la reducción del peligro en la vida de los conductores de autobuses urbanos.

Ciertamente, es un fin loable con el que nadie puede estar en desacuerdo, pero su efectividad exige planificación, visión, consenso y sentido común. El problema que lo motivó es grave, pero la improvisación no solo lo hará inoperante, sino que vendrá a crear serias consecuencias a un porcentaje no especificado pero muy alto de los 600 mil ciudadanos a quienes ese vehículo les sirve para ganarse el sustento diario.