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Con la entrada en vigor de la Ley de Libre Acceso a la Información debería quedar desvelada la manera como funcionan más de 80 fideicomisos activos en el Estado, y los movimientos financieros de empresas privadas contratadas por instituciones de gobierno y municipalidades.

En el 2008, los montos del Estado manejados a través del sistema de fideicomisos y organizaciones no gubernamentales (ONG) ascendían a Q3 mil 730.6 millones y Q1 mil 357 millones, respectivamente, de los cuales hasta la Contraloría General de Cuentas ha admitido problemas para fiscalizarlos.

Algunos fideicomisos manejados en la municipalidad capitalina y otros, como el del Fondo de Conservación Vial (Covial), figuran entre los que hasta el momento ha sido difícil conocer.

Se espera que con la entrada en vigor de la Ley de Libre Acceso a la Información la situación cambie.

En el caso de la comuna capitalina, María José Salas, asesora de Comunicación, refirió que a partir de hoy esa información estará disponible en los quioscos abiertos en la municipalidad, y otra que, según la ley, está clasificada como pública de oficio.

“En el artículo 10 está establecido todo lo que se considera de oficio: los nombres de funcionarios, empleados y asesores, cargos, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier remuneración económica, siempre y cuando no pongan en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado”, explicó.

Salas también citó el caso de información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, entre otras disposiciones.

La unidad de información de la comuna no está ubicada en las oficinas centrales, sino en la 15 avenida 3-66, zona 13. “Allí se pueden solicitar informes sobre casos particulares y fases en que se encuentran expedientes o resoluciones”, afirmó la vocera.

Confidencial

En tanto, la información respecto de las empresas contratadas por el Estado continuará siendo confidencial, aseguró Justo Cóbar, director de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). “Los estados financieros y bancarios de los expedientes de las empresas no se pondrán a disposición del público, ya que no es información generada en la dependencia”, adujo.

Sin embargo, los ciudadanos tendrán acceso a datos referentes a la capacidad instalada de la empresa y los pagos de las fianzas por contratos”, aseveró el funcionario.

“Existe bastante temor entre los empresarios; no a todos les agrada que se conozcan aspectos específicos de los contratos, sobre todo si se trata de una obra de importante magnitud, pero la ley es la ley y se debe cumplir”, manifestó Armando Escribá, director de Covial.

Otros casos

En algunos casos, la información de operaciones amparadas bajo el concepto de seguridad nacional no estará disponible para los ciudadanos, como en el caso de frecuencias radiales utilizadas por el Ejército para operaciones confidenciales, o las misiones aéreas que programe la Dirección General de Aeronáutica Civil, refirió Guillermo Castillo, viceministro de Comunicaciones.

También se mantendrán en secreto datos sobre el número de cédula y la dirección de los favorecidos de los programas de Cohesión Social, que es dirigido por Sandra Torres, esposa del presidente Álvaro Colom.

Édgar Rosales, vocero de esa dependencia, explicó que los nombres de las personas atendidas por el programa Mi Familia Progresa y las que reciben la bolsa solidaria aparecerán en la página de Internet del Consejo, pero no la información de números de cédula y domicilio de los favorecidos.

Aseguró que el artículo 30 de la Constitución protege información de particulares suministrada bajo garantía de confidencial. “La Ley de Acceso a la Información no es más poderosa que la Constitución”, enfatizó citado portavoz.