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Las autoridades aplazaron hasta finales de enero, la presentación de un acuerdo nacional de seguridad para mejorar el sistema de justicia y enfrentar los elevados índices de violencia en el país.

El pacto busca coordinar los esfuerzos de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, junto a organizaciones sociales y partidos políticos, para disminuir la delincuencia e impunidad.

Originalmente estaba previsto presentar el acuerdo el próximo 14 de enero, cuando el presidente Álvaro Colom se cumple el primer año de la administración, pero la participación de más sectores en la elaboración de propuestas obligó a retrasarlo.

Carmen Rosa De León Escribano, directora del Consejo Asesor de Seguridad, informó que a partir del 15 de enero comenzará el análisis del primer borrador.

El acuerdo incluye medidas de corto plazo, como mejorar el programa de protección de testigos, jueces y magistrados y un nuevo modelo de reestructuración de la policía, las cuales se comenzarán a aplicar en los primeros 90 días siguientes a su firma.

Otros compromisos de mediano y largo plazos implican la aprobación de leyes pendientes en el Congreso de la República, como la de control de armas y municiones y el registro de las empresas privadas de seguridad.

Se tiene previsto, asimismo, proponer reformas al Código Penal y a la ley de amparos para agilizar y mejorar la administración de la justicia e impedir que muchos delitos queden en la impunidad.

Durante el año 2008, Guatemala experimentó elevados índices de violencia, con cerca de seis mil 200 homicidios, de ellos más de 600 cometidos contra mujeres.

Hubo evidencias también de un aumento del crimen organizado en el país y de la infiltración de bandas de narcotraficantes mexicanos y de sus brazos armados en el territorio nacional.

Prensa Latina