Prensa Libre - Edición Electrónica

La institucionalidad pública está moralmente destruida y muchos hemos aportado a este despropósito, algunos con un granito de arena y otros con grandes rocas. Las mayores responsabilidades recaen en quienes han vilipendiado al Estado, en su desenfrenada ambición por apropiarse de todos los espacios públicos que permitan la obtención de ganancias. Recordemos que la principal justificación ideológica de las privatizaciones fue desprestigiarlo. También recae un alta cuota de culpa en quienes han mercantilizado la política, haciendo de los procesos electorales verdaderos mercados, donde se venden candidaturas y se compran votos. El resultado es una institucionalidad que premia la descomposición.

Los individuos que ejercen competencias administrativas o jurisdiccionales son objeto de estos incentivos perversos. La sociedad también recibe esta lluvia de desmoralización. Los gananciosos con esta realidad son los poderes paralelos construidos a partir del crimen organizado, que han logrado copar gran parte del Estado y de la sociedad.

Es así como las personas que forman parte de la administración pública se enfrentan a una realidad donde hay ausencia de valores, incentivados únicamente por el logro de beneficios individuales, obtenidos a cualquier costo. Y como no hay carrera burocrática, porque el clientelismo no lo permite, el afán es obtenerlos tan pronto como sea posible, porque ni siquiera se sabe si se tendrá la suerte de permanecer en el cargo durante el período entero.

Por su parte, la opinión pública, construida principalmente por los medios, que suelen deleitarse a partir de la cobertura morbosa de los hechos de corrupción, ha llegado a aceptar como normal esta conducta reprochable de los funcionarios y a despreciar su función y desempeño, hasta el punto de descalificar, de manera generalizada, a todo aquel que se dedique al quehacer público.

Se crea así un círculo vicioso, donde la institucionalidad pervierte al individuo(a), quien se acomoda a tales condiciones, mientras que la opinión pública lo descalifica, lo que provoca un fenómeno que podríamos denominar pérdida de autoestima institucional, ya no solo personal. De esta manera, se produce una complicidad orgánica entre quienes comparten el desprestigio y se benefician con los actos deplorables que lo provocan, consolándose con el adagio que reza: “La vergüenza pasa y la plata queda en casa”, sabedores que la pérdida colectiva de valores les permitirá vivir como personas “respetables”, luego que haya pasado un tiempo después de sus fechorías, pues el capital corrupto acumulado “los honrará”. Al final de cuentas, socialmente es admirado todo aquel que tiene, sin importar cómo lo obtuvo.

Por eso, comprendiendo la complejidad de toda esta descomposición, propongámonos, principalmente quienes tenemos el privilegio de contribuir a la formación de la opinión pública, a señalar las perversiones estructurales, no solo las maldades individuales. También apuntemos nuestras plumas, palabras e imágenes, a resaltar las acciones de los funcionarios(as) públicos que, pese al contexto adverso, manifiestan conductas virtuosas que deben ser inspiradoras.

iliaalamilla@hotmail.com