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Tal como lo señalamos en nuestro editorial del sábado recién pasado, a pocas personas les puede quedar duda acerca de la necesidad y la conveniencia de sustituir a la obsoleta y poco confiable cédula de vecindad, establecida en 1931, y por eso es teóricamente correcta la idea de dar a los ciudadanos un documento seguro que los identifique plenamente. Sin embargo, el inicio de la implementación del Documento Personal de Identificación (DPI) se hizo mientras están abiertos algunos procedimientos legales previos, razón por la cual conviene tanto al Gobierno como a la empresa contratada que todo quede clarificado para evitar cualquier suspicacia.

Las razones son simples. Hay un amparo judicial que deja sin efecto la adjudicación del proyecto a la empresa Easy Marketing, de la francesa Sagem Securuté, con presencia en 60 países y 120 registros de identidad. A esa firma le fue adjudicada la licitación por US$114 millones, en un proceso que tuvo otros tres oferentes, de US$204, US$152 y US$91 millones. La institución encargada de este tema, el Registro Nacional de las Personas (Renap), informó muy poco de todo lo referente al caso, error serio que afectaría innecesariamente a la empresa ganadora si también lo comete.

Entre la información que el público tiene derecho a saber se encuentran temas como qué ocurre con el número de ese documento cuando fallece el usuario, cómo será actualizado el documento conforme la persona envejece, y otros asuntos, como la posibilidad real de que los siete millones de cédulas puedan ser cambiadas en todo el país en solo seis meses, y qué ocurrirá durante el tiempo en que unos ciudadanos ya tengan el DPI y otros no hayan podido lograrlo por razones ajenas a su disposición de obtenerlo.

Debido a la serie de escándalos políticos ocurridos el año anterior en el país, el tema del DPI no ocupó la atención pública, pero tiene importancia crucial, por lo que fue uno de los temas de los acuerdos de paz, hace 12 años. Las cédulas de vecindad falsificadas han alterado los datos del padrón electoral, y ello fue la principal causa de los problemas causados en Antigua Guatemala, Chinautla y San Pedro Ayampuc. Pero también es muy serio que delincuentes extranjeros porten cédulas guatemaltecas y que ciudadanos centroamericanos las usen para votar aquí.

Las cédulas de vecindad pueden ser fácilmente falsificadas, porque pueden ser obtenidas en todos los municipios, y se trata de arreglar esa situación. Entonces, es necesario saber cómo se hará para evitar que haya DPI fraudulentos, posibilidad que de no ser eliminada haría inútil el esfuerzo. Como los ciudadanos irán a obtener el DPI según su posibilidad de tiempo, en estos siete millones de documentos al ver la cifra no será posible calcular el importante dato de la edad del portador, como sí ocurre ahora con la cédula de vecindad vigente. Ésta, por su parte, si será la fuente de los datos y éstos son falsos o han sido alterados, hará que el DPI no cumpla su función.

Queda claro, pues, que aún falta mucho para que el DPI pueda ser, en la práctica, la forma segura en que los guatemaltecos se puedan identificar.