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Aquella idea que surgió durante el gobierno demócratacristiano, en 1987, de promover y garantizar la participación ciudadana en pro del desarrollo nacional, fortalecida por el Decreto 52-87 del Legislativo —reformado por el 11-2002, mediante los consejos de Desarrollo Urbano y Rural—, no ha logrado fortalecerse en la población como se previó.

El autoritarismo en la toma de decisiones, la falta de planificación interna y una deficiente coordinación institucional, además de los intereses políticos y económicos de ciertos grupos en todas las comunidades, han hecho de esos consejos cenicientas de cuentos de hadas sin final feliz.

Ese sistema debía permitir la búsqueda de métodos de conciliación, respecto de los intereses de las comunidades y autoridades involucradas, además de ser instrumento para la participación ciudadana, estipulados en la Constitución y exigidos por la población, y no centros de confrontación, como ha ocurrido en varios departamentos.

Eso, lógicamente, incluía organizar y coordinar la Administración Pública, formular políticas de desarrollo urbano y rural, y de ordenamiento territorial.

La intención era descentralizar y desconcentrar la acción gubernamental mediante un sistema de regiones para modernizar el Estado. De todo eso, poco se ha logrado porque no hemos tenido gobiernos locales con políticas definidas de desarrollo local, sino partiditos o comités electoreros con propuestas sin sentido formal.

¿Política de largo alcance?

Aparte del corporativismo ligado a la doctrina social de la Iglesia Católica, los comités tomaron algunos elementos de las Coordinadoras Interinstitucionales, creadas por los gobiernos militares entre 1982 y 1985, cuya intención era que la sociedad negociara sus diferencias y creara consensos para facilitar el desarrollo, pero también para controlar a los sectores participantes.

Hace dos décadas, algunos grupos pensaron que el Ejecutivo utilizaría esos consejos como instrumento para construir su hegemonía política. Otros más conservadores fueron poseídos por el temor de que la participación popular pusiera en tela de juicio la estructura de poder.

Además, quedaba la posibilidad de que la nueva disposición causara desigualdad de derechos y violara la autonomía municipal, al crearse concejos locales y comunitarios, que fueron declarados inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad.

Veinte años más tarde eso es cosa del pasado. En la actualidad hay una ligera comunicación entre esos comités, que proponen sus proyectos a los Concejos, para que éstos los entreguen a los Consejos de Desarrollo Departamental, para que sean autorizados.

Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, porque hay aún varios consejos de Desarrollo Departamental, Municipal y Comunitarios que carecen de planes de desarrollo y organización interdisciplinaria. Si no fuera por los presupuestos millonarios que allí se manejan, nadie asistiría a las sesiones ordinarias de esos grupos.

Lo cierto es que existe restringida capacidad de algunos consejos para identificar, formular y ejecutar programas de desarrollo, lo que permite a muchos diputados decidir qué proyectos convienen efectuar, aunque éstos al final no sean llevados a cabo.

Lo que no olvidan funcionarios, organismos internacionales y organizaciones comunitarias es que los acuerdos de paz exigen un papel activo de esos entes para lograr el progreso nacional.