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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) fue fundada en 1947, con el objetivo de defender la libertad de Prensa y promover el desarrollo de una profesión libertaria que cumple una función social que es vital en cualquier democracia.

Esta entidad, que durante mucho tiempo fue la más representativa dentro del periodismo nacional, ha librado brillantes batallas y promovido, siempre, el respeto amplio a la libertad de expresión, como garantía fundamental para el derecho a informar y ser informado.

Pero en los últimos años, la APG ha perdido el liderazgo que forjaron auténticos periodistas. El acelerado deterioro de su representatividad ha motivado a la mayoría de comunicadores jóvenes que hoy nutren las salas de Redacción de los medios a negarse a engrosar sus filas, y muchos ven en ella a una entidad que está perdiendo el espíritu de defensa de la libertad de Prensa.

En estos días ha surgido una corriente que pretende reformar los estatutos de esa entidad, la cual, lejos de fortalecer los principios que impulsaron su fundación, apunta a los mismos conceptos que en otros países han utilizado gobernantes autoritarios que buscan controlar la información bajo falacias y palabras seleccionadas hábilmente con el fin de engañar a la opinión pública.

El régimen del presidente Hugo Chávez, por ejemplo, emplea algunos términos similares para calificar la información. Específicamente se habla de que aquella tiene que ser “veraz y oportuna”, con el propósito de poder calificar las noticias que se publican y, de esa manera, imponer en determinado momento sanciones a quienes publican temas que no convienen al Gobierno.

En apariencia, es lógico estar de acuerdo con la veracidad de la información, pero si somos los propios periodistas quienes empezamos a calificarla, muy pronto será el poder estatal quien lo haga, lo que significaría que la entidad que se creó para defender la libertad de expresión es la que allana el camino para que otros intenten controlarla.

El proyecto de reformas estatutarias de la APG podría ser perfectamente el de una entidad de prensa oficialista al servicio del poder político. Como ésta, hay un grupo de periodistas venezolanos que se autodenominan “defensores de la verdad”, que no son más que una caja de resonancia que tiene por tarea defender al régimen autoritario chavista.

Ni siquiera se ha tenido el valor y la apertura de discutir ampliamente estas reformas. La única modificación a los estatutos de la APG en el pasado llevó más de un año entre su elaboración de proyecto y discusión. Esta vez se ha intentado sorprender la buena fe de la mayoría de asociados de la entidad, aunque, al menos ayer, la Asamblea General detuvo el intento de que se aprobara.

Es obligación de las autoridades de la APG, de la Asamblea General y de cada uno de los asociados en particular, el evitar que cualquier pretensión de reforma se encamine en la dirección contraria al espíritu libertario de sus fundadores.

La APG debe existir solamente para defender, de la manera más amplia posible, la libertad de expresión, y no para estar al servicio de gobiernos o corrientes político-ideológicas.