Prensa Libre - Edición Electrónica

Hace un año más o menos escribí una columna titulada “Mitos y gritos del salario mínimo”, en donde trataba de hacer algunas reflexiones sobre la discusión que cada poco tenemos sobre este tema en Guatemala.

Francamente al releerla me dieron ganas de enviarla tal cual, solo actualizando los numeritos que utilicé entonces por los de ahora. ¡Es que este país nuestro parece Macondo en muchas cosas!

Volvemos a estar parados frente al tema y pareciera que nos vuelven a poner la misma película. Lo único que ha cambiado son las autoridades a cargo del Ministerio de Trabajo, porque del lado de empresarios y trabajadores las caras y los argumentos siguen siendo los de siempre.

Lo curioso es que en el país hay pocos temas tan predecibles como el del salario mínimo. Y por lo mismo, debiera ser de esas áreas en las cuales el Estado ya se hubiera puesto a trabajar hace rato para diseñar reglas y procedimientos menos desgastantes. Vuelvo al argumento que hice entonces: nos está haciendo falta una revisión al mecanismo de determinación del salario mínimo.

Urge una regla más clara, menos discrecional, más institucionalizada, más predecible. Esto ayudaría a todos, patronos, empleados, y gobierno. Siempre es mejor trabajar con certezas que con incertidumbres al planificar y hacerse expectativas a futuro.

Porque francamente lo que tenemos actualmente no resuelve nada a nadie y solamente desgasta la institucionalidad y a los actores que periódicamente se sientan a la mesa para tratar el tema. Se erosiona innecesariamente, creo yo, la figura de la Comisión Nacional del Salario, del ministro de Trabajo, y del mismo presidente de la República de turno. Y si al final los aumentos van a ser por decreto, entonces ¿para qué tener todo este aparato de diálogo que no cumple mayor función?

Y tampoco es que el salario mínimo le cambie la vida a ninguno. Ni cubre las necesidades básicas de los hogares, ni le llega a la mayoría de la población que se emplea en la informalidad —incluso muchos de los que están en la formalidad tampoco lo reciben, aunque ese ya es un tema de incumplimiento e ilegalidad en la que incurren algunos patronos—, y tampoco es que los aumentos sean de magnitudes tales que modifiquen sustantivamente el poder de compra de los consumidores o la estructura de costos de las empresas.

Sin embargo, las razones anteriores tampoco justifican eliminarlo.

Al contrario, el salario mínimo debe existir, lo que se debe modificar es el formato de su cálculo. No debe ser visto como un simple precio más dentro de la economía. Es el precio mínimo de referencia de la mano de obra. Que idealmente debiera reflejar el acuerdo al que periódicamente llegamos los guatemaltecos para reconocer un piso de remuneración a la productividad de los seres humanos que viven y se emplean en nuestro país.

El salario mínimo es una área en la cual la actual administración podría dejar un legado muy valioso y útil al país. El Gobierno se encuentra apenas terminando su primer año de gestión, de manera que hay tiempo suficiente para integrar un grupo de trabajo que pudiera hacer una propuesta técnica seria, que nos permita avanzar. Ya hay estudios y mucha experiencia acumulada entre los guatemaltecos por lo que lo que se requiere es voluntad política para darle la prioridad que se merece.

Para fortalecer la democracia es importante recuperar espacios institucionalizados de discusión constructiva y vinculante, que convoque a distintos sectores de la sociedad guatemalteca.

Aquí tenemos una oportunidad de caminar en esa dirección. Eso sí, hay que apuntalarlo con propuestas técnicas y con datos periódicos que permitan a todos —Gobierno, empresarios, trabajadores, y academia— tomarle el pulso a las variables relacionadas con el mercado laboral. De otra manera vamos a continuar con un diálogo de sordos que lo único que hace es polarizar la sociedad y alimentar estigmas.