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Guatemala, 8 de enero de 2009

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Suspenden emisión del DPI 

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Sertec

Intención no era anular proceso 

Sergio García, gerente general de Sertec, empresa que presentó acciones legales que suspendieron la emisión del DPI, aseguró que desde un principio exigían transparencia en la licitación, ya que la intención no era anular el proceso.

“No quisiéramos que esto fuera así, porque sabemos la importancia de este documento para el país, pero queremos se aclare”, dijo.

García insistió en que desde la presentación de ofertas encontraron una serie de irregularidades, entre éstas, que no se les permitió ver las propuestas de otras empresas. Además, en las pruebas de concepto no estaban presentes todos los integrantes de la Junta de Licitación.

Aseguró que a pesar de que existía un recurso legal que debía cumplir con plazos establecidos, el Directorio no le dio importancia y continuó con el proceso hasta aprobar la adjudicación del contrato. “Presentamos amparos porque creemos que no respetaron la ley (...) esperaremos las resoluciones”, dijo.

García destacó que Sertec es un consorcio formado por cuatro empresas líderes en sistemas de identificación, por lo que no aceptan una calificación menor a Easy Marketing, pues quedaron en segundo lugar. Ellos ofertaron US$38 millones más que la ganadora.

Easy Marketing

Confiados en tribunales 

La Oficina de Comunicación Social de Easy Marketing, empresa ganadora del contrato de emisión del DPI, informó que respetan las leyes del país y confían en que la suspensión sea breve.

“En tanto las autoridades no indiquen lo contrario de manera definitiva y en el marco del contrato suscrito, seguiremos trabajando como empresa responsable, para darle a Guatemala lo que merece: un documento de identidad confiable”, aseguró la empresa, mediante un comunicado.

“No dejamos de estar confiados en que los organismos jurisdiccionales resolverán en poco tiempo los recursos presentados, para que el Renap pueda cumplir con los plazos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como en su ley constitutiva; así evitar que el país se quede sin obtener uno de los documentos más modernos y confiables de Latinoamérica”, destaca el documento.

La Oficina de Comunicación de Easy Marketing aseguró que están al margen de las acciones legales emprendidas por Sertec, y señaló que presentaron denuncias en el Ministerio Público contra funcionarios de esta empresa, para no incurrir en omisión de denuncia al detectar que existían actas que podrían contener ilegalidades.



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Integrantes del directorio del Renap ofrecen conferencia de prensa, por impugnaciones legales.

Por conié reynoso

La emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) está suspendida hasta conocer los fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC), por impugnaciones de una de las empresas que no ganaron el contrato.

Desde el 5 de enero recién pasado, el Registro Nacional de las Personas (Renap) interrumpió los trámites para emitir el DPI, en Tiquisate, Escuintla, el único lugar donde habían comenzado.

Ayer, en conferencia de prensa, los directivos de ese ente explicaron que era necesario firmar el contrato de emisión de aquella cartilla, para cumplir con los plazos que la ley establece e iniciar la primera entrega de documentos el 2 de enero recién pasado.

No obstante, ante las resoluciones favorables a la empresa Sertec —una de las inconformes con la adjudicación— por dos juzgados civiles que suspenden la expedición del documento, el Renap debió apelar en la CC.

Ayer también se conoció que la empresa Cesa —otra de las oferentes— obtuvo dos amparos provisionales que frenan la adjudicación. El fondo de estos recursos es que el directorio se extralimitó al haber otorgado el contrato cuando aún faltaban trámites administrativos.

Mauricio Radford, directivo del Renap, recalcó que efectuar otro proceso de licitación no es viable; tampoco que la institución compre por su cuenta los materiales para emitir el DPI, debido a los costos elevados.

Los funcionarios del Renap no tienen un segundo plan en caso de que el proceso legal tarde en resolverse en los tribunales, pues la ley estipula dos años para sustituir todas las cédulas de vecindad.

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