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La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó ayer que no existen renglones presupuestarios específicos para seguir la pista de compras y otros servicios que instituciones del Estado efectúan por medio de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Pese a que el contralor Carlos Mencos admite que ha habido avances en la fiscalización de ONG, debido a la presión ejercida en aras de la transparencia, faltan mecanismos que permitan a ese ente conocer y rastrear el dinero desde el momento en que las dependencias estatales lo trasladan a ONG.

Mencos afirmó que iniciarán acercamientos con el Ministerio de Finanzas para instalar un dispositivo que permita esa verificación.

Explicó que, en la actualidad, las operaciones del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) se procesan a nivel del renglón del gasto, pero aparecen en la estructura presupuestaria de la dependencia estatal.

“No hay separación entre lo que gastan a través de las oficinas encargadas de la ejecución del presupuesto y lo que se hace por medio de las ONG”, detalló el contralor.

Desde que empezó la modalidad de constituir ONG, la CGC detectó ocho mil 671 de esas organizaciones, comentó Mencos.

“Uno maneja muchos datos. Llevamos 115 auditorías hechas en el 2008 y que suman Q21 millones en reparos, más 262 que están pendientes, por lo que hemos fiscalizado 377 de esas organizaciones”, explicó el contralor. El total del monto que esas entidades manejaron es de Q5 mil 204 millones.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, citó ayer al contralor al Congreso, donde le pidió avances sobre la fiscalización a ONG.

La congresista manifestó que si se toman en cuenta las organizaciones que no se han registrado, la cifra podría alcanzar las 10 mil, y afirmó: “El Estado cada vez delega más funciones en terceros, y así duplica trabajo. Creo que no se sabe, con certeza, cuántas ONG trabajan para el Estado, y hasta donde interpreto, es difícil fiscalizarlas”.

Hélmer Velásquez, director de la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congecoop), ve positivo el proyecto que promueve la Contraloría, y calificó de “poco amigable” el Sicoin.

Advirtió que se deben perseguir el desglose y detalle de cada acción que se anoten en el presupuesto, referentes al uso de ONG y a la revisión que los diputados deberán hacer de la ley respectiva .

El Estado utiliza ONG para efectuar compras, adjudicar contratos, construir obras de infraestructura, entre otros servicios.

Esas organizaciones manejan los fondos del Estado, y por su intermediación cobran entre 3 y 5 por ciento de comisión.