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En sus más de seis décadas de existencia, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) no había enfrentado la bochornosa situación de ser presidida por un afiliado que trabaja como auxiliar de un juez, con lo cual pierde independencia para ejercer el periodismo y dirigir un gremio como éste. Esto ocurrirá cuando mañana asuma la presidencia de esa entidad Carlos Enrique Wer García, admitido como asociado el 31 de agosto del 2000, y cuyas ejecutorias periodísticas son poco conocidas.

Wer desempeña desde hace meses el cargo de interventor laboral de Nuestro Diario, nombrado por el Juzgado Sexto de Trabajo, como medida cautelar dentro del conflicto que envuelve a dos grupos de socios de la empresa Diarios Modernos, S.A., propietaria de dicho rotativo.

Él está obligado legalmente a observar un comportamiento imparcial. Debe pagar, sin excepción, los salarios de todos los empleados, incluidos, por supuesto, los periodistas. Sin embargo, desde el principio tomó partido por uno de los grupos de trabajadores enfrentados, y se ha negado a cancelar los emolumentos de los demás, lo cual viola los derechos humanos y alimentarios de varios apegistas y sus familias. Es inadmisible que asuma la Presidencia de la APG alguien que es abiertamente irrespetuoso de los legítimos derechos del gremio.

Cinco periodistas agraviados, miembros de la APG —entre los 82 perjudicados—, pidieron la consignación de Wer al Tribunal de Honor, por falta de solidaridad gremial, por desprestigiar a la APG y faltar a la ética. Pero con desfachatez jamás vista, la directiva de aquella entidad se convirtió en juez y parte, no tomó en cuenta al Tribunal de Honor, y rechazó la solicitud, “por inconsistente e improcedente, y por no presentar pruebas”, con lo que evidenció la complicidad de los directivos con Wer.

La directiva estaba obligada, en cumplimiento de los estatutos apegistas, a consignar a Wer al Tribunal de Honor, cuya tarea es conocer las denuncias y acusaciones contra los asociados, relativas a la ética periodística, por faltas a la solidaridad gremial o por cometer actos que comprometan el prestigio y buen nombre de la APG. Podrá actuar de oficio, por petición de la Directiva, o cuando un asociado lo demande. En este caso fueron cinco.

Por otra parte, los estatutos no otorgan a la Directiva la facultad de rechazar de plano las denuncias. Su deber es cursarlas al Tribunal de Honor, y éste resolverá si llenan los requisitos, si los agraviados tienen razón y si el acusado es inocente o culpable. Con la actitud de la directiva actual, el Tribunal de Honor deja de tener razón para existir.

La Directiva cae en una simple güizachada, al fundamentar la no presentación de pruebas por escrito. Ignora o decide ignorar que el Tribunal de Honor juzga en conciencia, porque sus integrantes no son jueces de Derecho. Sus miembros serán directamente responsables de que presida la entidad alguien que no ha cumplido con su deber judicial a favor de los periodistas. Eso no tiene sentido y mancha a la APG.