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La semana anterior quedó marcada por la más notoria intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a consecuencia del arresto y posterior, pero casi inmediata, libertad bajo fianza de Álvaro Matus, ex fiscal de Delitos contra la Vida, del Ministerio Público (MP), en uno de los casos que dejan muy clara la necesidad de que en el país haya una entidad de representación internacional con el objetivo de darle al sistema una oportunidad de funcionar.

El motivo causante de la intervención directa de la Cicig es el asesinato de Víctor Rivera, quien durante algunos años fue asesor del Ministerio de Gobernación, cargo del que fue despedido por el actual gobierno, pocas semanas antes de caer víctima de sicarios, luego de salir de un restaurante.

El tema que causa justificada preocupación a los analistas y a quienes aún creen que el sistema jurídico puede funcionar es la serie de hechos cometidos por el MP y que provocaron —a criterio de la Cicig, pero con muchas probabilidades de ser ciertos— una serie de alteraciones, cambios y desapariciones de evidencias que permitirían desenredar la maraña en la cual se encuentra inmerso ese caso.

Las declaraciones del titular de la Cicig, Carlos Castresana, no pudieron haber sido más claras y más contundentes. De hecho, no dijo nada que no sea conocido por la ciudadanía guatemalteca, con la diferencia de que esta vez es una voz de la comunidad internacional. La reciente visita del experto de la ONU que analizó el sistema judicial del país y concluyó en que éste se encuentra de cabeza, es un complemento perfecto a las críticas de la Cicig.

Cada vez son más los ciudadanos preocupados por el fracaso del sistema judicial y, en general, político y democrático. Al analizar aunque sea superficialmente lo ocurrido, es evidente que resulta imposible explicar mucho de lo ocurrido sin aceptar, al mismo tiempo, que existe una red con participación de personas colocadas en puestos claves, cuyo fin es afianzar la impunidad de los crímenes, aunque éstos, por sus características, llamen la atención tanto nacional como foránea.

Las organizaciones que velan por los derechos humanos han sido siempre aliadas naturales de entidades como la Cicig, pero lo ocurrido esta vez hace que se deba buscar una unidad multisectorial y multiinstitucional, sin distingos de posiciones políticas o ideológicas, para que sea posible juzgar sin ayudas y valladares a quienes —con justificación y de manera válida— son acusados de la comisión de delitos, en especial cuando se sospecha la participación directa o indirecta de personas allegadas al sistema jurídico y político.

El meollo de este caso es que se trata de uno de los pocos con base, a causa de tanta coincidencia sospechosa. Se debe tratar de secar el pantano donde se encuentra hundida la confianza ciudadana, en un sistema donde la voluntad política parece enseñorearse en demostrar que el sistema judicial se utiliza en beneficio de conmilitones y de compadres.