Guatemala, 18 de febrero de 2009
Estos son los puntos que debería contener una nueva ley de minería, según la diputada Rosa María de Frade.
• Obligación de efectuar consultas populares, e intercambiar información con la población que habite cerca de áreas mineras.
• Requerir estudios de impacto ambiental, no solo para las licencias de explotación de metales, sino también para las de exploración.
• Mejorar las regalías que obtiene el Estado por aquella actividad -1 por ciento; la propuesta es de entre 3 y 7-, para que se beneficie de las ganancias de aquélla.
• Mientras se discute esa norma, se propuso declarar una moratoria de seis meses para la entrega o renovación de licencias de exploración y explotación minera.
Por Ana Lucía Blas
El pleno del Congreso remitió ayer a la Comisión de Energía y Minas la iniciativa de ley que declara moratoria de seis meses, para otorgar licencias con fines de exploración y explotación de metales, a fin de que se emita el dictamen respectivo.
La diputada Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala, ponente, urgió la discusión y aprobación de una ley integral de minería. “Es necesario aprobar una nueva ley en esa materia, pero una que busque un equilibrio entre desarrollo humano, impacto ambiental y recursos para el Estado. No podemos permitir que solo las compañías mineras continúen beneficiándose de esa actividad”, enfatizó la legisladora, durante la sesión de ayer.
Consideró que esa nueva normativa debería exigir estudios de impacto ambiental no solo para licencias de explotación de metales, sino también para las de exploración.
“Durante esa fase también se daña de manera irreparable el entorno. Se abren brechas, se utilizan explosivos, y después nadie se responsabiliza por esa destrucción”, lamentó.
Enfatizó en la necesidad de que se contemplen las consultas a pueblos indígenas, y se mejoren las regalías que obtiene el Estado por las actividades mineras.
Una iniciativa en ese sentido recibió dictamen favorable de la sala de Energía, en enero último, pero causó controversia porque dejaba fuera las consultas populares, y brindaba exenciones fiscales a empresas mineras.
El presidente de la Comisión de Energía, Christian Boussinot, ofreció regresar a la sala dicho dictamen, para discutirlo con sectores interesados.
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