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Diputados de oposición y Acción Ciudadana ven irregular e irresponsable el pago de Q2.8 millones que la Portuaria Quetzal hizo una compañía, luego de haberle rescindido el contrato para la construcción de una carretera.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), explicó que en su momento advirtieron de varias irregularidades encontradas en el proceso de licitación de la obra, que sería construida en el interior de la Portuaria Quetzal, en Escuintla. No obstante, las autoridades continuaron con la firma del contrato.

Ahora deberían deducirse responsabilidades a las autoridades de la Portuaria. “Sería conveniente que la Portuaria dé a conocer los gastos en que incurrió la empresa, además, por qué con tanta celeridad se rescindió el contrato y se le pagó”, enfatizó.

Entre las irregularidades señaladas por AC destacan que no se hizo estudio de impacto ambiental y no se sabía el mecanismo utilizado para calcular el costo del proyecto, ya que no existían análisis técnicos.

El diputado Noé Orellana, de la Comisión de Comunicaciones del Congreso, también alertó de anomalías en la licitación del proyecto y manifestó su preocupación por esa innecesaria erogación de fondos.

Mientras, el vicepresidente Espada prometió investigar el caso y denunciar a quienes resulten responsables.

Otra de las irregularidades señaladas es el monto del contrato, que es de Q95 millones, ya que aproximaciones efectuadas por constructores refieren que la obra no debiera sobrepasar los Q65 millones.

Contralor no sabe

El contralor Carlos Mencos aún no sabe si el pago de Q2.8 millones fue legal. “Los auditores verificarán si está apegado a Derecho y, si se da el caso, se pondrían multas o denuncias para los funcionarios responsables”, destacó.

Prensa Libre dio a conocer ayer que la Portuaria Quetzal tuvo que pagar Q2.8 millones a la empresa Delva, luego de haberle rescindido el contrato de Q95 millones para construir una carretera de 7.5 kilómetros. Esto se dio luego de un informe de la Contraloría que señaló irregularidades.

Regla para el pago

La Ley de Contrataciones, en el artículo 37, se refiere al derecho de rescindir y el pago que debe hacerse a los oferentes por los gastos efectuados antes de firmar un contrato; no obstante, no se refiere a cuánto pagar en los casos en que ya se ha firmado el documento.

Rafael Hernández, vocero de la Portuaria, explicó que la empresa mostró documentos de los gastos efectuados, e insistió en que esa erogación no es del Estado. “Somos una institución autónoma y, al contrario, en vez de que el Estado nos dé dinero, nosotros le damos”, expuso.