Prensa Libre - Edición Electrónica

Hace unos meses, en un evento público, me permití cuestionar la creación de las patrullas conjuntas como respuesta a los brotes de violencia, basado en lo inefectivo de la medida, pues el Ejército no está entrenado para combatir el crimen o la violencia común y, más aún, no tiene mandato legal para investigar actos delictivos o arrestar a personas; además, porque en un país democrático no se debe atribuir al Ejército funciones que no le son propias, pues se corre el riesgo de desnaturalizar su actividad y de que se rompa la institucionalidad del Estado.

El Ejército debe tener únicamente dos funciones: la defensa de la soberanía e integridad territorial contra amenazas externas, que incluyen al narcotráfico internacional y las operaciones de rescate en casos de desastres naturales o emergencias públicas.

La experiencia de Honduras nos hace reconocer que algo que parecía irrepetible no lo es. Los golpes de Estado militares del pasado no deben repetirse en América Latina.

Este lamentable golpe de Estado, que implica un retroceso en el fortalecimiento de la democracia en la región latinoamericana, es condenable e inaceptable tanto para el pueblo de Honduras como para la comunidad internacional, pues constituye una trágica regresión histórica a épocas de militarismo, gobiernos autoritarios y violaciones graves y sistemáticas a los Derechos Humanos.

El Gobierno de facto establecido en Honduras no debe ser reconocido por los Estados, y se debe demandar el restablecimiento inmediato del orden constitucional democrático.

Es cierto que muchas decisiones o iniciativas del presidente Manuel Zelaya han sido controversiales, y deberían ser debatidas en la opinión pública y dirimidas en el sistema de Justicia, pero nunca pretender resolverlas por la vía de un golpe militar, que desafía la razón e institucionalidad democrática de Honduras, y sienta un precedente nefasto para la democracia regional.

Por otro lado, es grave que instituciones “democráticas” que representan la separación del poder público, como la Corte de Constitucionalidad, se presten a conspirar con los poderes paralelos y se desvirtúen convirtiéndose en instrumentos que atienden intereses de grupos particulares para interrumpir el orden institucional.

Este hecho nos confirma que siguen existiendo y conspirando poderes paralelos que representan intereses económicos y políticos oscuros, enfrentados a cualquier posibilidad de generar modelos políticos que propicien una mayor equidad en el manejo y distribución de los recursos, así como el planteamiento de modelos alternativos de desarrollo basado en una agenda social que busque combatir la extrema pobreza en nuestros países.

Estos poderes paralelos siguen siendo en forma latente una seria amenaza a la institucionalidad democrática y al progreso social, así como a modelos alternativos de desarrollo. Tal como lo demuestra hoy Honduras, sigue vigente la amenaza de que en cualquier momento puede haber un retorno a asonadas militares y gobiernos de facto que sirvan a sus intereses.

Concluyo con un llamado a la reflexión, especialmente a los jóvenes que hoy disfrutan de un efectivo ejercicio de participación ciudadana y que no han registrado los atropellos cometidos en el pasado, derivados de regímenes autoritarios y militares, que impusieron una cultura de silencio e impunidad, vedando la posibilidad de acceso al desarrollo que solo puede brindar un Estado democrático de Derecho que se construye con el esfuerzo de todos.