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En el noticiero de CNN del martes en la sección de economía y finanzas le preguntan a un analista en economía algo así como que cuánta puede ser la presión que ejerce la cooperación internacional en un país como Honduras. El analista parte de una cifra contundente: el monto que ese país recibe en calidad de asistencia económica, sumando cooperación internacional más otros financiamientos del BID y del FMI, es de US$2 mil 500 millones.

En Internet encuentro que el presupuesto nacional de Honduras (2009) es de aproximadamente US$3 mil 416 millones; lo cual quiere decir que lo que Honduras recibe externamente porque es incapaz de producirlo o recaudarlo por sí misma (sumado al hecho de que lo que hay se distribuye muy mal) es el equivalente a un 73 por ciento de su presupuesto anual. Cifra contundente en dos sentidos: el primero es que Honduras es el tercer país más pobre de la región, después de Haití y Nicaragua, y el segundo, es que un país con esa dependencia de la cooperación evidencia una fragilidad política que ahora se expresa como una ventaja en un contexto golpista, pero que en términos de su propio desarrollo es como para sentarse a llorar.

En la distancia, Honduras parece uno de aquellos espantapájaros petrificados en el horizonte. Seis de cada 10 habitantes viven en la pobreza, cuatro de ellos en la indigencia, y no cabe duda de que por ello uno de sus principales productos de exportación son los jóvenes que van al norte. El capital sigue estando en poquísimas manos, y los maridajes entre la clase económica, la clase política y el Ejército nos recuerdan las mejores épocas de las banana republics.

En el contexto del reciente golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, convergen los factores antes señalados, y será precisamente la cooperación internacional la que terminará decidiendo por el retorno a la institucionalidad democrática del país. No soy Zelayista y ese es un tema que tienen que resolver los hondureños, pero en este momento de nuestra historia centroamericana, soy proclive a sostener la institucionalidad democrática a toda costa. Mientras seamos incapaces de levantar Estados fuertes, nos veremos arrodillados frente a los conocidos gigantes oscuros. Parece que hay huellas de animal grande por la ruta de los neoconservadurismos; si no que lo diga Guatemala con el caso Rosenberg y su respectiva sombra de golpismo.

Obama dice que el golpe en Honduras “no fue legal”; Lula señala: “No podemos permitir que en pleno siglo XXI tengamos un golpe militar en América Latina”; “No debemos aceptar ese gobierno ni darle ninguna muestra de ablandamiento”, dice el representante de la OEA; “…hay que darle una lección inolvidable a esta grosera burguesía hondureña”, concluye Chávez. Vetas ideológicas más, vetas menos, la resolución de las Naciones Unidas fue unánime: se pide el retorno de la democracia en Honduras y la reinstalación de Zelaya.

Secuestrar la democracia para instalar la “democracia” ha sido práctica común en nuestro continente, pero Declaraciones como la de Santiago (1991) rechazan, al menos en papel, el uso de la fuerza para interrumpir mandatos de autoridades electas. Y aunque sabemos que democracia no es solo elecciones, creemos que desde allí tiene que comenzar a respetarse nuestro ejercicio de ciudadanía.

Regresa Zelaya, “flanqueado” por presidentes amigos, funcionarios de organismos internacionales y una marcha del movimiento popular de su país. Qué pasará con los golpistas, con un Congreso Nacional que decretó el toque de queda, con una Corte Suprema de Justicia que emitió órdenes de captura a líderes populares, con la manu militari que lo expulsó. La democracia está más que manoseada, pero hoy confiamos en que sus pilares la mantendrán de pie.

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