Prensa Libre - Edición Electrónica

Diversos sectores señalaron la ilegalidad en que incurrió la Municipalidad de Cuilapa, Santa Rosa, luego de que ayer publicó en el diario oficial el punto tercero del acta 32-2009, donde el Concejo clasificó como información reservada y confidencial el número de empleados, asesores y funcionarios, y los ingresos que éstos perciben, como sueldos, viáticos y dietas.

Representantes de grupos a favor de la transparencia coincidieron en que esa disposición es ilegal y viola la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Señalaron que hay precedentes al respecto.

El argumento del Concejo es que el país afronta una ola de violencia y de extorsiones, lo que pondría en “grave riesgo la integridad de los funcionarios y empleados”.

En el acta se utiliza información publicada en medios de comunicación sobre que el incremento de las extorsiones y secuestros.

De esa manera, los sueldos, honorarios, dietas, bonos, viáticos y cualquier otro ingreso de los trabajadores de esa comuna se convirtió en información reservada desde ayer.

Juan Fernando Archila, secretario ejecutivo de la Comisión de Acceso a la Información, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, señaló que ese acuerdo municipal contraviene la ley, ya que la información que clasificaron como reservada es pública.

Añadió que los datos confidenciales son aquellos que tienen que ver con la investigación criminal, la seguridad nacional y la inteligencia del Estado, por lo que ninguna entidad puede clasificar una información pública como reservada.

Hizo énfasis en que habría que verificar si la referida municipalidad cuenta con un sitio electrónico donde esté publicada esa información o si ésta se entregaría al solicitarla por escrito. Afirmó que se analizará este caso, para determinar si el Concejo puede ser amonestado o sancionado.

Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, advirtió que esta acción es ilegal, porque nadie es superior a la ley.

Añadió que las instituciones del Estado deben establecer mecanismos para que la población acceda sin limitación a información pública.

Al consultar a integrantes del Concejo, señalaron que solo el alcalde podía hablar del asunto.

Fue imposible contactar ayer por la tarde al alcalde de Cuilapa, Rudy Castillo, antes de que se iniciara la sesión de Concejo. Al cierre de la edición, no había atendido las llamadas a sus celulares.