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Representantes de 31 comunidades de Camotán y Jocotán, Chiquimula, visitaron ayer dos instituciones, en un desesperado intento por impedir que se concreten tres proyectos hidroeléctricos privados.

Rigoberto Ramírez López, de la comunidad Guaracquiche, expresó que la preocupación se debe a que una de las empresas afirma en su estudio de impacto ambiental que introducirá el caudal del río Grande por una tubería de 12 kilómetros de largo, y otra empresa hará lo mismo por 10 kilómetros más.

“Las comunidades ubicadas en ese trayecto se quedarán sin agua para sus programas de minirriego, pesca y uso doméstico”, consideró Adolfo Pérez, de Las Flores, Jocotán.

Además, las compañías proyectan construir embalses, sin tomar en cuenta que esa área es altamente sísmica, afirmaron.

Ronaldo Cardenal, del Colectivo Madre Selva, destacó que en vista de que esa zona es muy árida, se pone en riesgo a más de seis mil familias y podría generar inseguridad alimentaria, ya que los cultivos dependen del mencionado río.

Los comunitarios temen que los trabajos de construcción empiecen en cualquier momento y no se tome en cuenta su opinión.

Representantes de la comunidad presentaron ayer sus objeciones en el Ministerio de Ambiente, y una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos.