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De lejos nuestro país lu-ce diminuto y frágil. Una republiquita tan miserablemente incompleta y necesitada que requiere de un ente internacional que le ayude a encontrar el norte del sistema de justicia, arreglar la casa, ordenar el clóset, sacar los trapos de impunidad al sol para que se aireen y ojalá, sacudir los demonios de las estructuras estatales que la han tenido aprisionada desde hace décadas.

¿Cómo no hacer algo si la ineficiencia del sistema de justicia ha convertido en un paraíso este país del eterno crimen? Con apenas tres de cada cien casos de efectiva condena, el crimen paga en nuestro país.

Por eso no tenemos otra que abrazar a la Cicig como tabla salvadora a sabiendas que su presencia es un mea culpa embarazoso de aceptación de incompetencia e ingobernabilidad.

Lo dijo Castresana el domingo recién pasado en Libre Encuentro: “Nosotros solo traemos las semillas y ustedes, los guatemaltecos, deben seguir el proceso de germinación”.

Y luego habló de varios ejemplos, entre los cuales destaca la limpieza que han estado llevando a cabo en el Ministerio Público, sacando a los primeros fiscales corruptos que robaban pruebas, alteraban evidencias y estaban en la planilla de la mafia.

“Nos costó mucho esfuerzo sacar al primer garbanzo negro —dijo Castresana—, pero vemos con satisfacción que ahora el propio MP está sacando a otros. Esa es la verdadera función de la Cicig”.

Continuó Castresana diciendo que en el Organismo Judicial también hay mucho qué hacer y que lamentaba que un juez de Cobán haya dejado en libertad con medida sustitutiva de Q5 mil a un grupo de delincuentes a pesar de que dejaron un rastro de delitos en varios departamentos y se les decomisó una gran cantidad de armas y municiones.

Con el denominado proyecto de Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, casos como el arriba descrito serían llevados en tribunales especiales en la capital.

Esto evitaría que las bandas continúen amedrentando y comprando jueces en el interior del país.

Pero Castresana fue enfático en señalar que si los guatemaltecos queremos un cambio en el sistema de justicia, debemos presionar a los estamentos políticos para que se muevan con mayor celeridad y aprueben un paquete de 10 leyes que son urgentes y necesarias. “Sin estos instrumentos estamos atados de manos”, enfatizó.

Entre las leyes urgentes están también las modificaciones a la Ley contra la Delincuencia Organizada que facilitaría la colaboración de criminales. La norma de colaboración eficaz se encuentra mal regulada, porque está establecida de una manera muy restrictiva, lo que motiva que los delincuentes no se animen a delatar a los integrantes de las mafias.

Castresana ha pedido también cambios en las leyes de Amparo, de Antejuicio, de Armas, y sobre los delitos relacionados con corrupción, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, régimen disciplinario en la justicia penal y en la cooperación jurídica internacional, extradición y asistencia jurídica.

El Congreso de la República tiene un papel fundamental que jugar en esta etapa tan crítica que vive nuestro país.

La ciudadanía esta harta de seguirles el paso de burro lento que han demostrado a lo largo de su gestión para la aprobación de leyes de urgencia nacional.

Deben saber que esta vez todos estamos vigilantes para arremeter con toda la inquina pública a los que se atrevan a retardar este paquete de leyes. Porque no hay excusa para aplazar los únicos instrumentos idóneos que tenemos para combatir el crimen organizado, recuperar el control de la justicia y restablecer un grado mínimo de seguridad que nos evite vivir como animales de rastro oliendo la muerte y la violencia como la cosa más natural.

Esta vez no tendremos la paciencia para arrastrar lo urgente con meses de inútil cacareo parlamentario. Se debe aprobar en forma rápida y expedita. Estaremos vigilantes…

alfredkalt@gmail.com