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La renuncia de Salvador Gándara, tercer ministro de Gobernación del actual gobierno, además de ser esperada desde hace algún tiempo resulta ser una demostración de que no existen planes ni personas adecuadas para enfrentar con efectos positivos el enorme problema de la inseguridad existente en el país, y por ello tampoco significa una esperanza de que las cosas mejoren con la llegada del cuarto ministro de ese ramo, el abogado Raúl Velásquez.

La inestabilidad ejemplificada por los constantes cambios en este ministerio es similar a la que existió durante el gobierno de Alfonso Portillo, quien nombró y despidió a siete ministros de Gobernación. Esta renuncia es distinta a la del anterior ministro, Francisco Jiménez, cuya incapacidad fue premiada con una secretaría técnica del pomposamente llamado Consejo Nacional de Seguridad, donde realiza una actividad poco conocida por la población.

El dimitente Gándara, por su parte, había llegado de otra entidad burocrática cuyas tareas son poco conocidas: la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Su llegada a puestos del régimen colomista puso en el tapete el tema de la corrección y de la legalidad de dejar un puesto de elección popular, la alcaldía de Villa Nueva, por otro de nombramiento a dedo. Cuando fue alcalde prometió ejercer el cargo por cuatro años, no solo mientras obtenía puestos en el gobierno central.

Las parcas declaraciones del ex funcionario, de su sustituto y del vocero presidencial solamente indican que Gándara cayó en desgracia ante los altos círculos del Gobierno que ejercen el verdadero poder. Ahora regresará, según expresó, a ejercer el cargo de alcalde del que nunca debió haber salido temporalmente, porque ello significó una tácita burla a los electores.

Los cambios en Gobernación comprueban que no hay capacidad para responder a la demanda ciudadana por la seguridad. La falta de equipos humanos profesionales provoca que cada ministro haga cambios según su entender, con lo cual los retrocesos están a la orden del día, como de manera coincidente lo señalaron ayer expertos en la materia. Ante eso, es nula la posibilidad de triunfos reales y permanentes para solucionar o al menos mitigar la criminalidad, causa de que a diario ocurran 16 asesinatos en promedio. Éstos, a causa de la igual debilidad del sistema legal guatemalteco, engrosan las filas de los casos no resueltos.

El simple cambio de personas en una de las carteras más neurálgicas del Gobierno, sin un plan de acción, sin organización adecuada, sin carreras profesionales de los encargados de combatir la criminalidad, sin presupuestos suficientes, y así un largo etcétera adicional, garantiza que no se logre nada firme en la lucha contra la impunidad. Es tan cierto y evidente como fácil de comprender.

Ante la evidente incapacidad de combatir una delincuencia que cada día se afianza más, el Gobierno necesita pedir ayuda a la sociedad organizada del país. No hacerlo, o hacerlo tarde, garantiza que el nuevo ministro, como sus antecesores, no estará ni seis meses en el cargo.