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Conic celebra 17 aniversario

Unas 800 personas asistieron a la asamblea bianual con motivo del 17 aniversario de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), que solicitó públicamente al presidente Álvaro Colom —invitado— el traslado de unos Q300 millones para reactivar la economía en el campo.

Demagogia 

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental (Calas), calificó de “demagógico” el discurso del presidente Álvaro Colom.

“Es demagogia, porque de todas maneras la Corte de Constitucionalidad —a petición de Calas— dictó sentencia con la que declaró inconstitucionales siete artículos de la Ley de Minería que se refieren a la emisión de licencias, es decir, no se pueden emitir nuevas”, aseveró.

“Hemos insistido en una reforma integral de la ley, pero no hay consenso con el sector privado, las mineras, los diputados del Partido Patriota —en especial Alejandro Sinibaldi—, algunos diputados de la Gran Alianza Nacional y de la misma Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)”, expresó Melini.

El ecologista recordó que los puntos importantes para lograr reformas integrales son el aumento de controles, garantía de participación ciudadana —particularmente de los pueblos indígenas— y la regulación económica para que el país se quede con más regalías.

Análisis 

Douglas González, presidente de la Gremial de Minas y Canteras —agrupación que forma parte de la Cámara de Industria—, manifestó que analizarán el discurso del presidente Álvaro Colom, para emitir una opinión oficial.

“Nos regimos por el artículo 125 de la Constitución Política, que declara de utilidad o necesidad pública la minería; sin embargo, la junta directiva analizará las declaraciones que emitió ayer el gobernante”, resaltó González.

González considera que la Ley de Minería actual es una buena normativa, ya que ha generado inversión.

“Es muy corto el tiempo desde que entró en vigor como para hacerle modificaciones; deberían darle más tiempo y permitir que se haga una medición del desarrollo”, manifestó.

La gremial expuso que el proceso de consultas a las comunidades debe ser reglamentado, pues se presta a arbitrariedades.

Recordó que en su oportunidad la Corte de Constitucionalidad se pronunció sobre estas consultas, y dijo que no son vinculantes.