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Ahora todo queda cerca. La avalancha globalizadora permite la libre circulación de mercancías, cantantes, futbolistas, reality shows y noticias. Guatemala le acaba de dar la vuelta al mundo, otra vez, por un asesinato; Perú se la está dando hace algunos días, debido a la masacre cometida por fuerzas del Estado en contra de las comunidades indígenas de la selva peruana. Con sus evidentes distancias, hay que resaltar el parecido en el método, las formas y las motivaciones de la represión vividos en nuestro país durante la guerra y la experiencia que hoy se vive en el hermano país del sur.

En una nota que Beatriz Jiménez enviara desde Lima en mayo pasado, cuenta que “la selva peruana lleva más de un mes en huelga. Los pueblos indígenas, armados con lanzas han tomado carreteras, puentes, un aeropuerto, dos centrales petroleras y han bloqueado ríos amazónicos con cables para impedir el paso de los buques petroleros”. Decía que “indígenas en 'peque-peques' (canoas motorizadas) se enfrentaban a un helicóptero, 6 yates y un buque de la Marina de Guerra en el río Napo para evitar el paso de tres barcos de la petrolera francesa Perenco. Las mujeres 'qichuas' y 'arabelas' se agarraban al cable que impedía el libre tránsito en el río para evitar que los soldados lo cortaran con machetes, mientras las frágiles embarcaciones indígenas naufragaban ante las olas creadas por el helicóptero y las lanchas de la Marina, que daban vueltas alrededor de sus canoas.”

Lo demás parece una película negra: nuevos bloqueos en el Napo durante los días siguientes por los mismos pobladores, más enfrentamientos con la Marina de Guerra, centenares de indígenas awajún tomando la estación de Petroperú, en Alto Amazonas, amenazando con cortar el suministro de combustible al oleoducto norperuano, los obispos de la región apoyando la movilización y exigiendo el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, más de mil personas marchando en el corazón del distrito del Napo y en la ciudad de Iquitos, en un franco rechazo a la actuación de la Marina de Guerra y al gobierno de Alan García.

Luego, en un comunicado del Consejo Político del 13 Baktún emitido ayer en Guatemala, se dice que “la represión genocida gubernamental podría estar alcanzando más de 100 hermanos indígenas asesinados. Hay insistentes denuncias sobre que los cuerpos de nuestros hermanos indígenas asesinados han sido metidos en bolsas de nylon y tirados posteriormente desde helicópteros a los ríos. Igualmente que, hay decenas de líderes y lideresas indígenas que han desparecido y están en cuarteles militares.” ¿Se nota el parecido?

Todo, porque el gobierno de García aprobó en el 2008 un paquete de decretos legislativos llamado desde entonces “La Ley de la Selva”, que estaría prácticamente permitiendo que un 60 por ciento de la selva amazónica peruana le fuera dada en concesión a multinacionales, para el uso y abuso de los recursos naturales, o vendida para el cultivo de biocombustibles. 350 mil personas de 1,250 comunidades indígenas de 66 familias lingüísticas se oponen a la devastación de los bosques primarios y a la pérdida de sus recursos. Y como suele suceder, no fueron consultados. Es como si mañana llegaran al jardín de nuestra casa a abrir pozos, a cortar los árboles y a llevarse todo lo que hay, sin preguntarnos y, encima, si protestamos, nos mataran. Frente a esto, ¿cómo se pronunciará el Gobierno de Guatemala?,¿cabría congelar las relaciones diplomáticas ahora?, ¿qué hará el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas?, ¿cómo se solidarizarán los pueblos indígenas de Mesoamérica?, ¿y los países de la región latinoamericana?