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Las rectorías de las universidades son consideradas en el mundo democrático como especies de olimpo de las virtudes, que suele estar reservado a las personas con el porte para poder representar, con excelencia y sin tacha, la correlación armónica entre la sabiduría y la ética.

En un mundo marcado por la permanente erosión de los valores morales en todos los ámbitos de la vida comunitaria, incluidos aquellos como los religiosos, considerados antaño reductos inexpugnables frente a las debilidades y los apetitos mundanos, la más alta representatividad de la academia ha brillado en la preponderancia de la transparencia, la honestidad y la rectitud. Según esa perspectiva, en aquel solio del conocimiento universal solo ha tenido cabida el argumento fundamentado en la ciencia, y la razón respaldada en principios.

Hasta ahora, salvo las ya conocidas manchas de la politiquería en la imagen de la casa de estudios del Estado y los cíclicos protagonismos de los rectores en decisiones de trascendencia en la vida nacional, no ha habido mayores motivos para dudar de la honestidad, la honradez, la decencia y el decoro de aquellos líderes de la educación superior. Pero su tozudo y sospechoso rechazo y desafío a la Ley de Postulación derrumba estrepitosamente, ante la sociedad, la imagen de integridad y rectitud que se ha guardado de ellos, independientemente de posturas ideológicas o teológicas que aunque no sean compartidas por todos, siempre han merecido respeto y tolerancia.

Pero con su obcecación a bloquear el sorteo para la presidencia de las comisiones de postulación, un acto de claridad en el mar de opacidad y dudas del proceso para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los rectores asumen una actitud antinatural a la lógica y el buen juicio, porque su retorcimiento de la ley para justificar su rechazo a aquel procedimiento se desdibuja ante el simple análisis de la coherencia y pertinencia de esa acertada disposición legal.

Al margen de las consideraciones deontológicas o jurídicas, los rectores asumen, además, una actitud inconsecuente de escarnio y desafío al clamor social por la máxima luminosidad y responsabilidad en la renovación de las cortes, para evitar que nuevamente sea copada la justicia por verdaderos bandoleros, quienes, como lo demuestra la abundante experiencia, llegan a las magistraturas con el compromiso de servir a los intereses de las fuerzas fácticas responsables de los escandalosos niveles de impunidad que agobian a Guatemala.

Lo que menos preocupa a los rectores —tal se ve— es el apego a la ley en su actuación para elegir magistrados. Resalta, más bien, su inconformidad por el fin de un procedimiento que les permitía amplia discrecionalidad para manipular el proceso y colocar en aquellos cargos a personas afines a intereses clientelares.

Es increíble que no haya en ese grupo personas con los suficientes arrestos de templanza para hacer ver a sus colegas el agravio y la deshonra que acarrean a una institución que los guatemaltecos han tenido hasta ahora —con ciertas reservas hacia algunos de sus actores— como honorable, venerable e incorruptible.