Guatemala, 27 de junio de 2009
Napoleón Rojas y Jacobo Salán han sido hombres de confianza de Alfonso Portillo.
Napoleón Rojas, coronel retirado y jefe de seguridad cuando Alfonso Portillo fue presidente, está prófugo desde el jueves último, porque es sindicado de haber participado en el desfalco de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa.
Es mayor del Ejército en situación de retiro y perteneció a la Dirección de Inteligencia D-2, en 1989.
También fue investigado, sindicado de haber participado en una red de contrabando y espionaje.
Jacobo Salán es mayor retirado del Ejército y, junto a un grupo de cinco militares, fue investigado por su vinculación con el crimen organizado.
Durante esas pesquisas, Estados Unidos retiró la visa a Salán en el 2004.
También fue jefe de seguridad de Alfonso Portillo y se considera que ayudó a sus hermanos Josué Vinicio y Arturo Ignacio Salán Sánchez para obtener contratos millonarios con el Gobierno.
La defensa del general retirado Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de la Defensa Nacional, prepara la apelación para impugnar la fianza de Q40 millones que se le fijó por su vinculación en el desfalco de Q120 millones en esa institución, en el 2001.
“Es una caución económica condenatoria, porque solo existen presunciones y no hay documentación que fundamente la acusación del Ministerio Público”, declaró el defensor Mario Lobo Dubón.
Añadió que la impugnación será presentada a más tardar el próximo lunes, porque el plazo para hacerlo se vence al día siguiente.
Lobo expuso que su cliente padece quebrantos de salud, y que fue recluido en el sector 12 del Centro Preventivo de la zona 18.
Marta Sierra, jueza octava de Instancia Penal, encontró indicios de la participación de Arévalo en el desvío millonario, por lo que fue procesado por peculado el jueves último.
Por coralia orantes
13:31 | 26/06/2009
La Fiscalía efectuó dos allanamientos ayer en búsqueda de los militares retirados Napoleón Rojas y Jacobo Salán, vinculados con el desfalco de Q120 millones en el Ministerio de la Defensa, pero éstos abandonaron los inmuebles un día antes.
La Fiscalía Especial del Ministerio Público (MP) para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con apoyo de la Policía, efectuó los dos cateos.
Los operativos se autorizaron la noche del jueves último, por resolución del juzgado de turno, y la petición era para ingresar en dos fincas de Nueva Concepción, Escuintla.
La orden de allanamiento también autorizaba el decomiso de documentos que ayuden en el proceso.
Las pesquisas establecieron que los dos sindicados habían estado presentes el jueves último en esos lugares, debido a que se localizaron los automóviles que éstos utilizaban en la ciudad.
Otro de los indicios de su presencia en esas fincas fueron documentos, como facturas a su nombre fechadas el jueves recién pasado.
En la casa patronal de una de las fincas se decomisó dos armas de fuego: una escopeta 12 mm y una pistola 9 mm, que no tenían licencia de tenencia y portación, pero no se capturó a nadie, porque ninguno la portaba en ese momento.
En ambas fincas, los trabajadores y habitantes aseguraron no saber nada del paradero de los ahora prófugos, pero no negaron conocerlos.
Rojas y Salán son acusados de peculado por Q120 millones en el Ministerio de la Defensa Nacional.
Por este caso, Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de la Defensa Nacional, quedó en prisión preventiva, por no haber pagado la fianza de Q40 millones impuesta por Marta Sierra Stalling, jueza octava de Primera Instancia Penal.
Casi cuando terminaron los allanamientos se presentó un grupo de abogados, para obtener copia de la autorización de las actuaciones.
Según la investigación contra los prófugos, en las noches del 5, 6 y 9 de marzo del 2001, los militares retirados Salán y Rojas trasladaron dinero de cuentas del Ejército hacia las bóvedas del Crédito Hipotecario Nacional
Los traslados se hacían por la noche, en un carro blindado y custodiado supuestamente por esos militares.
Ambos fungieron como jefes de seguridad del ex presidente Alfonso Portillo y se les inició investigaciones por su supuesta vinculación con el crimen organizado.
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