Prensa Libre - Edición Electrónica

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) logró en los últimos meses propinarle duros golpes al crimen organizado y recibió resoluciones judiciales que son los primeros pasos para cambiar la historia contra la impunidad.

Esas acciones lograron reactivar investigaciones contra actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alfonso Portillo y la desarticulación de una red de narcotráfico que operaba desde Nicaragua hacia el país, responsable de la masacre de 16 personas.

Se añaden las medidas solicitadas contra fiscales y ex fiscales, y antejuicios contra jueces que, según esa instancia, obstruyeron la justicia.

Una de las frases proselitistas del grupo que apoyaba a Portillo cuando aspiraba a la Presidencia era: “Sí se puede”, y ahora es el lema que han tomado como suyo investigadores de la Cicig cuando se les pregunta si lograrán romper las redes de impunidad que protegen a mafiosos y ex funcionarios corruptos.

La Comisión promovió reformas a la Ley de Armas y Municiones, y gestiona otras más como la de Amparo; exhibición personal y constitucionalidad; de antejuicio; la utilización de medios audiovisuales en declaraciones de testigos y peritos; sobre el cambio de identidad; reubicación de testigos y de colaboradores en el proceso penal.

Otro importante logro fue el cabildeo para lograr la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación que propuso la diputada Nineth Montenegro, y que la Corte Suprema de Justicia avalara que los juzgados de turno tuvieran competencia para casos de alto impacto.

Batallas legales

En tres procesos se ha visto la fuerte batalla legal de la Cicig para convertirse en querellante adhesivo: el de Portillo, el caso del ex fiscal Álvaro Matus y las investigaciones sobre la retención de Gladys Monterroso, esposa de Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos.

En el proceso contra Portillo, incluso, se planteó un antejuicio contra Irma Valenzuela, jueza quinta de Primera Instancia Penal, por haber rechazado a la Cicig como querellante adhesivo. Una sala enmendó la resolución de la operadora de justicia.

Por este caso también se logró imponer la mayor fianza de la historia: Q40 millones, contra Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de la Defensa, sindicado en el desfalco de Q120 millones a esa dependencia. Además, la Comisión ha participado en la solicitud de la orden de aprehensión contra dos ex militares de la cúpula de seguridad de Portillo.

También logró que otros militares quedaran ligados a proceso, por su vinculación en el desfalco de Q906 millones al Ejército, quienes fueron señalados desde el 2005 de haber participado en el hecho, pero no se había pedido nada en su contra.

El 25 de junio último, Carlos Castresana, jefe de la Cicig, manifestó: “Vamos progresando, aunque no al ritmo que quisiéramos”.

El caso que se sigue contra el supuesto narcotraficante Byron Vargas es otro ejemplo de las batallas que la referida instancia ha planteado, ya que después de tener seis testigos en un caso de femicidio, se quedó con cuatro.

Según uno de los investigadores, la defensa de Vargas ha utilizado acciones intimidatorias contra testigos. Por ello dos que cambiaron su relato son procesados ahora.

“En un momento pensamos que nos quedaríamos sin testigos, pero cuando se dieron cuenta de que con la Cicig no se juega y no deben cambiar sus versiones, cuatro de ellos regresaron”, relató el investigador.

Desarticulación de mafias

Cuatro meses después de la masacre de 15 nicaragüenses y un holandés, ocurrida en noviembre de 2008, en Zacapa, la Cicig y la Fiscalía descubrieron a la organización criminal que estuvo detrás de esa matanza.

Se solicitó la captura de 11 personas que robaban cargamentos de drogas en la región, con lo que se estableció la presencia de una estructura criminal desde Nicaragua, dedicada al tráfico de estupefacientes.

Por este caso aún están pendientes de captura nueve personas, entre ellas, los líderes de la organización.

Aquí se utilizó por primera vez la figura de colaborador eficaz, que contempla la Ley de la Delincuencia Organizada, ya que Sandro Ramos, un ex policía que observó cómo se cometió la masacre, informó quiénes fueron los responsables.

Otro éxito de la Cicig es el descubrimiento de una red de adopciones ilegales, luego de la vinculación de Rosa Linda Rivera.

En el caso de la banda conocida como del Mariachi Loco, cuatro policías están presos, ya que se les relaciona con esa mafia, dedicada supuestamente al robo de furgones.

La Cicig también es querellante en el proceso contra el grupo de narcotraficantes denominados Los Zetas, responsables de una masacre en Zacapa, ocurrida el 25 de marzo del 2008.

Los retos

Ahora la Comisión ha iniciado acciones para dar con los responsables del asesinato de Rodrigo Rosenberg, abogado que tres días antes de su muerte grabó un video donde responsabiliza de su muerte al gobernante Álvaro Colom; su esposa, Sandra Torres; el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos; empresarios, banqueros y cafetaleros.

Cuando tomó la investigación, Castresana aseguró que el caso no era fácil, y que tomaba el reto, si se le garantizaba que el trabajo sería “escrupulosamente independiente”.