Prensa Libre - Edición Electrónica

Acostumbrados a ingre-sar en los salones al son de la Granadera, rodeándose de lujos nunca antes vistos, custodiados por una corte de guardaespaldas y usando el presupuesto público como si se tratara de su propia cuenta bancaria, los funcionarios de antes y de ahora constituyen una plaga de langostas capaces de arrasar con todo.

De acuerdo con publicaciones de prensa y, por supuesto, a partir de investigaciones judiciales, en los bolsillos de apenas cinco personajes pertenecientes al Ejército de Guatemala: Alfonso Portillo, Moisés Galindo, Eduardo Arévalo Lacs, Enrique Ríos Sosa y Luis Alberto Gómez —no olvidemos que Portillo fue comandante en jefe— parecen haberse perdido más de mil doscientos millones de quetzales del erario nacional. Eso, sin contar los cientos de miles de quetzales que se han de haber deslizado hacia las cuentas más modestas de sus allegados, quienes sin duda consideraron justo compartir una cuota de tan enormes privilegios.

Lo vergonzoso de esta situación no es tanto la comisión de los delitos como la impunidad que ha rodeado a estos y otros individuos, amparados por un sistema incapaz de enderezar la acción de la justicia para castigarlos y sin ningún mecanismo realmente eficaz que permita recuperar lo robado.

Esta galería de notables —obviamente satisfechos de su hazaña— confirma la hipótesis de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Basta con analizar las carreras de estos personajes y el alcance de sus actos delictivos bajo la sombrilla protectora de la institución armada, para darse cuenta de cuán vulnerable es la supuesta democracia de la cual tan orgullosos están los políticos actuales.

Pero ¿de cuál democracia hablan? En Guatemala no existe un estado de Derecho, el Poder Judicial y las fuerzas del orden están totalmente infiltrados por grupos de poder y organizaciones criminales de altos vuelos, y las instituciones más sólidas parecen haber sufrido un proceso acelerado de descomposición, perdiendo a sus mejores elementos. Esta situación, provocada por la clase política y tolerada por la sociedad, establece las bases para la impunidad en la comisión de delitos desde el interior mismo de la administración pública.

El descaro con el cual los sindicados se pasean juntos por los estadios y el cinismo de sus declaraciones evidencia algo aún peor, y es que poseen información y contactos suficientemente potentes para no temer a la acción de la justicia. Al final de cuentas, ¿para qué pagar una fianza millonaria si unos cuantos cientos de miles bien ubicados garantizan su libertad?

elquintopatio@gmail.com