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Líderes de organizaciones de derechos humanos y sociales y ex trabajadores del Archivo de la Policía Nacional (PN) exigieron ayer, en conferencia de prensa, al presidente Álvaro Colom que garantice el resguardo de los documentos históricos que podrían aclarar crímenes ocurridos durante el conflicto armado.

Más de 60 organizaciones y unas 15 personas en lo particular firmaron un comunicado en el que demandan al Gobierno la tutela de los archivos históricos de la extinta PN.

Mario Minera, director del Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos, fue el designado para leer el documento en el que se pronuncia la Convergencia por los Derechos Humanos.

Según el comunicado, los archivos corren riesgo porque “intereses cómplices de la impunidad se oponen a la reconstrucción de la memoria histórica, a investigaciones sociales y a la posibilidad de que los familiares de las víctimas, sobrevivientes y el pueblo guatemalteco utilice esa información para denunciar y acusar judicialmente a los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

“El presidente Colom tiene en sus manos el ineludible mandato de que los archivos tengan un depositario comprometido con la verdad y la justicia de Guatemala”, se lee en el documento.

Las solicitudes

Entre los requerimientos se señala que el Archivo General de Centroamérica sea el responsable de los documentos; que se publique el informe original, y sin censura, que fue entregado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); que se garantice el libre acceso a esos archivos a la sociedad, instituciones públicas y privadas, organizaciones, centros de investigaciones, universidades y a los interesados en conocer lo sucedido.

También piden que se garantice la continuidad laboral de los 150 trabajadores en ese archivo histórico, ya que conocen el manejo de los documentos; y que se constituya una comisión nacional de la memoria histórica, que sea garante, autónoma y con presupuesto, para la preservación, acceso y uso de esos archivos y de los registros de información de las fuerzas de seguridad vinculados al papel del Estado durante el conflicto armado interno.

El archivo fue hallado por la PDH, que logró una orden judicial para preservar y proteger los documentos.