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A la Unión Europea (UE), en uno de sus proyectos, se le iniciaron varios procesos legales en el 2004, por violación a los derechos de los trabajadores, cuando fueron despedidos injustamente. Las demandas en esos cuatro años prosperaron, en todas sus instancias, en los juzgados de Trabajo, incluida la Corte Suprema de Justicia, la cual, incluso, multó a los abogados de la UE por abuso de los recursos de “amparo”.

Sin embargo, al hacer uso de otro famoso recurso, “conflicto de jurisdicción”, los casos fueron llevados a la Corte de Constitucionalidad, la cual, en una resolución absurda, falló en contra de todo lo actuado y en contra de los demandantes, dejándolos, como tanto trabajador de maquila, sin derecho a reclamo alguno.

Este es solo un pequeño ejemplo de que, en Guatemala, el sistema de justicia funciona de manera política, al favorecer la corrupción, sin importar cuántos arriesgan su vida por iniciar y llevar procesos que buscan la correcta aplicación de las leyes y la justicia.

Arq. Armando Mazariegos

armando.mazariegos@gmail.com

El artículo 28 constitucional y el 23 del Código Procesal Penal establecen que no deberá entenderse como denegación de justicia el hecho de que un fallo o una resolución sea contrario a los intereses del recurrente, y que, en todo caso, deben agotarse los recursos que constituyan las leyes guatemaltecas. Ahora bien, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) ha adoptado la tendencia recurrente de perseguir administrativa, penal y mediáticamente a todos los funcionarios públicos que no accedan o se alineen a sus peticiones.

Casos: a) investigación administrativa a todos los fiscales que investigaron el caso del ex fiscal Álvaro Matus, con amenaza de una posible persecución penal; b) aprehensión y procesamiento por encubrimiento propio a las testigos del caso de Byron Vargas, porque tuvieron temor de señalarlo en juicio como el autor del asesinato de tres mujeres, ¿puede alguien culparlas de no confiar en el programa de protección a testigos? La ley no nos exige conductas heroicas y kamikazes; c) antejuicio en contra de la jueza Irma Leticia Valenzuela, por emitir un criterio revestido de fundamentos, mediante el cual los excluye como querellantes adhesivos.

Por favor, señores de la Cicig, agoten los recursos legales ordinarios antes de actuar con el hígado, y respeten la independencia institucional.

Héctor Maldonado

hmal20@yahoo.com