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Guatemala, 3 de noviembre de 2009
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ONG mantendrán ejecución presupuestaria
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Caso
Incumple contrato
La contratación de intermediarios ha ocasionado problemas en algunos concursos.
Prensa Libre publicó recientemente que la Municipalidad de Lívingston, Izabal, detuvo en septiembre último la construcción de una metaterminal de buses, porque una ONG incumplió con el contrato.
Se constató que la ONG Promotora, Ejecutora y Desarrolladora del Área Urbana y Rural (Pedaur) no reportó avances de la obra en mención durante 10 meses.
Pese a que la comuna anticipó de Q2.9 millones, no hubo ningún avance en ese tiempo.
La ONG en mención tiene su sede en Escuintla, y ha sido beneficiada con 13 obras de infraestructura entre el 2008 y el 2009.
En total, la metaterminal estaba valorada en Q20.8 millones, y abarca seis manzanas de terreno. El objetivo de la construcción era facilitar el transporte para quienes viajan de Petén a Izabal.
Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, comentó que investigan el caso, y que esperan contactar la ONG para que responda y concluya la obra.
“Es sencillo presentar denuncia en el Ministerio Público, pero el proyecto quedaría abandonado y los pobladores serían los afectados”, puntualizó el funcionario de la entidad fiscalizadora.
Opción
Sugiere inclusión de artículo
Marvin Flores, experto de Acción Ciudadana, comentó que los aportes del IVA-Paz y Fonpetrol asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo son recursos íntegros para manejo de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Expuso que si hubiera voluntad política por parte del Congreso se podría evitar la contratación de intermediarios por medio de la inclusión de la norma respectiva en el proyecto de presupuesto.
Recomendó utilizar de nuevo a las municipalidades como unidades ejecutoras y evitar el uso de ONG, debido a que han trascendido malos manejos por parte de algunas de estas en la ejecución de proyectos y es necesario transparentar el gasto.
Especiales
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- La construcción de una metaterminal en Lívingston, Izabal, fue suspendida por incumplimiento del intermediario contratado.
- Marvin Flores, analista.
Por jéssica osorio
13:40 | 02/11/2009
De no haber cambios en el proyecto de presupuesto para el 2010, las ONG contratadas por Codedes administrarán unos Q1 mil 416 millones.
Eso significa que se mantiene el pago de comisiones, conocido como overhead.
La Contraloría General de Cuentas pidió ayer al Congreso que se incluya una norma que elimine la contratación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en ese rubro y que las instituciones del Estado sean responsables directas de los recursos invertidos.
Carlos Mencos, contralor general, dijo que hay suficientes ejemplos de que algunas ONG han hecho daño al erario.
“Contratan una ONG, y esta a su vez a una empresa constructora. Muchas veces ninguna de estas tiene capacidad de efectuar los trabajos”, enfatizó Mencos.
El proyecto de presupuesto remitido por Finanzas al Legislativo otorga a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), Q1 mil 295 millones del Impuesto al Valor Agregado (IVA)-Paz y Q120 millones del Fondo para el Desarrollo Económico Nacional.
Anteriormente, las municipalidades tenían la potestad de invertir sus fondos de manera directa, pero esa norma presupuestaria no está vigente, y los Codedes contratan intermediarios porque la Ley del Organismo Ejecutivo estipula que las gobernaciones no pueden desarrollar programas o proyectos de inversión.
Una revisión en Guatecompras da cuenta de que la mayoría de Codedes tiene escasos concursos publicados, algunos datan de varios años atrás y otros no reportan.
Por ejemplo, el Codede del departamento de Guatemala solo reporta un concurso adjudicado en el 2006 para la compra de un vehículo.
Érick Pocasangre, gobernador departamental, explicó que los Codedes, para desarrollar sus proyectos, lo hacen mediante unidades ejecutoras.
Aseveró que alcanzan acuerdos entre Codedes y Consejos Municipales de Desarrollo para hacer las propuestas de inversión.
Expuso que no utilizan Guatecompras, porque las unidades ejecutoras deben colocar ahí sus concursos.
En punto muerto
Juan Alberto Fuentes, ministro de Finanzas, reconoció que no se estableció la potestad de que las municipalidades sean unidades ejecutoras.
Dijo que, por el momento, han establecido algunas normas de transparencia, como vigilar la subcontratación de ONG en fideicomisos y que lo de los Codedes es una asignatura pendiente.
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