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Nos ha dejado una muy mala impresión la gestión de la Corte Suprema de Justicia que terminó y se fue sin gloria, con los bolsillos y las barrigas llenas, sin haber dado fiel cumplimiento a sus deberes y obligaciones, dejando al Organismo Judicial en la misma debilidad de siempre y con la invariable impunidad que venimos arrastrando desde hace décadas.

Y no fue la torpeza de haberse dividido en bandos y de elegir hasta última hora a quién encabezara al grupo lo más grave de su gestión, sino la cantidad de desaciertos e incumplimientos en sus labores mínimas, la inoperancia en sus funciones, las acusaciones de tráfico de influencias, el avorazamiento de algunos (as) en el cobro de viáticos y el aprovechamiento de viajes que no tuvieron más sentido que el de turismo a costa del erario nacional.

Los jugosos salarios mensuales devengados no fueron desquitados ni honrados, sino más bien sirvieron para abonar en el cúmulo de críticas al sistema y a sus funcionarios; da la impresión de que se esforzaron hasta el último momento, cuando se retiraron de los cargos y con desfachatez cobraron ¡un bono de buena conducta!, no importa si fueron sus antecesores los que inescrupulosamente lo institucionalizaron.

Los privilegios de que disfrutaron quienes ocuparon las magistraturas anteriores incluyen 224 viajes al extranjero desde que asumieron en el 2004, lo que representó un gasto de 7.1 millones de quetzales, entre viáticos y boletos aéreos, según investigaciones de prensa que documentaron que muchos fueron acompañados por sus familiares, lo que provocó críticas entre diversos sectores y trabajadores del Organismo Judicial.

La Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia solo emitió 109 sentencias, que representan el 10 por ciento de las acciones presentadas. Uno de sus grandes y graves errores fue el incumplimiento de los plazos establecidos por la ley, tal como señaló el vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Alejandro Balsells. También se han conocido denuncias sobre la existencia de plazas fantasma en varios juzgados de Paz, lo cual remata la mala reputación abonada a ese alto organismo del Estado.

Lejos quedaron los tiempos de magistrados honorables, verdaderos letrados, jurisconsultos, impecables y decentes altos funcionarios de uno de los poderes del Estado que tiene en sus manos numerosos bienes jurídicos tutelados; aunque justo también es decir que, a veces, se aplicaron procedimientos espurios para su selección. Pero la norma era que fueran profesionales del Derecho que tenían reconocidos merecimientos, capacidades, trayectoria, honor y honorabilidad.

Pero ya lo acá criticado no tiene remedio, ni se obtendrá reparación de daños ni recuperación de fondos. Hoy lo que toca a quienes estrenan esa alta investidura judicial es tratar de revertir, en la medida de sus posibilidades, el desprestigio del cargo que asumieron. Organizaciones pro justicia han planteado demandas para erradicar los comportamientos institucionales que favorecen la corrupción, el litigio malicioso, la impunidad y la denegación de justicia.

Se hace urgente garantizar el acceso a la justicia, transformar el sistema, fortalecer la carrera judicial y la adopción de mecanismos para sancionar a jueces y magistrados que incumplan con sus funciones, entre otras acciones, para lo cual lo primero que deben hacer es dar el ejemplo.

iliaalamilla@hotmail.com