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Dos años y seis meses después de la emisión del Decreto 09-2007, que contiene la Ley contra el Robo de Teléfonos Móviles, el propósito de esa medida ha resultado en un verdadero fiasco, porque la práctica de tal manifestación delictiva sigue sin pausa, y la norma citada, en apariencia trasladada a los archivos de las que, por inoperantes, pasan a formar parte del abundante derecho positivo carente de vigencia.

Varias situaciones se confabulan para convertir esa ley en letra muerta. La primera es la falta de voluntad del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), los tribunales y las empresas telefónicas y las ventas de los aparatos para hacerla cumplir, y después, la ausencia de medidas complementarias para desalentar la referida fechoría, como la celebración de convenios con países como México, todos los de Centroamérica y los más cercanos del Caribe, para cerrar la posibilidad de comercialización y reactivación de esos artilugios de comunicación en el exterior.

El trámite para buscar justicia en caso de despojo es complicado e inútil, y por eso las víctimas lo evitan. Acudir a la Fiscalía a presentar denuncia resulta en un verdadero calvario, por su ya conocida mala atención e insensibilidad. Además, sus prolijas exigencias documentales convierten en otro poderoso factor de desaliento la comparecencia en ese órgano de persecución del delito.

Igual de tedioso y complicado resulta el intento de bloquear el equipo, porque de manera parecida al MP, el afectado sufre extenuantes interrogatorios y papeleos que demoran aquel procedimiento técnico, y lo hacen sentirse más sospechoso que el propio autor del pillaje.

Aparte del amplio flujo de exportación de dispositivos mal habidos hacia otros países, en Guatemala florece en las mismas narices de las autoridades la compra, venta y reconexión de esos aparatos, en negocios que operan sin ninguna ocultación o disimulo de sus actividades ilícitas. Rara vez se sabe de allanamientos policiales en esos recintos, para el decomiso de mercadería y la captura y procesamiento de los responsables.

La ineficiencia de la PNC, el MP y la SIT se traslada a la justicia, donde no existen procesos ni condenas, pese a que la ley prescribe prisión de cuatro a seis años y multas de Q25 mil a Q50 mil por el robo, y sanción de US$25 mil para quien reactive terminales hurtadas. El colmo es que mientras en la calle se conoce de frecuentes muertes en ese tipo de ataques, esa circunstancia está desaparecida de las estadísticas oficiales, como si la intención de la normativa hubiera extinguido de raíz uno de los problemas más terribles de la inseguridad ciudadana.

La idiosincrasia institucional guatemalteca es la típica “llamarada de tusas”, porque se hace gran aspaviento frente a hechos conmocionantes, como los brotes de dengue y gripe A o el hambre, pero luego, a fuerza de costumbre, pasan al olvido. Ese es el caso del robo de celulares, porque en medio de tanta violencia, al parecer, para el Gobierno ha dejado de ser trascendental, por rutinaria, esa manera de perder un bien o la vida.