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La ex cúpula de la PNC, que formó una estructura criminal para robar droga a carteles del narcotráfico, negociaba quedarse con la mitad del cargamento de mil kilos de cocaína procedente de Honduras, el 6 de agosto último, el cual estaba valorado en al menos Q100 millones.

Por medio de escuchas telefónicas, el Ministerio Público (MP) se enteró de que esa banda, supuestamente dirigida por el ex director policial Porfirio Pérez Paniagua, estaba interesada en apropiarse de unos 500 kilos de cocaína, que posteriormente iban a ser distribuidos entre los miembros de la banda.

Documentos a los cuales Prensa Libre tuvo acceso revelan la forma en que se planificó y ejecutaría el robo de la droga, por medio de recursos humanos y equipo de la Policía Nacional Civil (PNC), y cuyos actores resultaron ser los mismos ex jefes de esa institución.

Las investigaciones preliminares establecen que el cargamento venía dirigido a un cartel del oriente del país, pero la organización de policías y particulares decidió quedarse con él.

Planificación

Por medio del método de escuchas telefónicas autorizado judicialmente, el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de que en la ruta del Atlántico a la capital, el 6 de agosto último, se iba a transportar un furgón con aproximadamente mil kilos de droga.

Lo sorprendente para los investigadores fue que al escuchar la planificación del caso, descubrieron que los principales actores en la intercepción, traslado y cambio del empaque de la cocaína eran agentes de la PNC.

La planificación del operativo quedó definida un día antes, el 5 de agosto, cuando designaron las funciones de cada miembro y la forma en que se repartirían el botín.

Los análisis de voz confirmaron que quienes hablaban por teléfono eran Orlando Evangelista Villatoro Alvarado, ex jefe administrativo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, y Edwin Noé Martínez Ávila, un particular originario de Escuintla, ambos prófugos de la justicia.

El telefonema está identificado judicialmente con el número 14, del 5 de agosto de 2009, dentro del proceso del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal.

En esa conversación, Villatoro le comentó a Martínez que los mandos policiales estaban enterados de las acciones que se iban a ejecutar y que querían la mitad del cargamento de cocaína.

“Están dispuestos a echar punta; ellos quieren la mitad de la droga, porque hay que coordinar mucha gente”, le dijo Villatoro a Martínez. También se pusieron de acuerdo en cambiarle el empaque a la droga robada.

En acción

Tal como se había planificado, el 6 de agosto un grupo de policías interceptó el tráiler placas TC-06BNV, con el cabezal placas C-710BCC, en el kilómetro 20 de la ruta al Atlántico.

Según la grabación de una cámara de Emetra, el automotor fue custodiado por motoristas de la PNC hasta ser desviado al bulevar Las Buganvilias, zona 18, donde fue sustraído parte del cargamento de estupefacientes.

En ese lugar, los policías abrieron el contenedor y buscaron en el doble fondo, donde empezaron a sustraer los paquetes con la droga. Se calcula que ese furgón traía mil kilos, pero solo les dio tiempo de sacar unos 98 kilos, con el 74 por ciento de pureza.

Para abrir el compartimiento oculto, los agentes policiales utilizaron diferentes herramientas que habían adquirido ese mismo día, las cuales dejaron abandonadas y ahora forman parte de las evidencias que analiza el MP.

A esto se añade que dejaron manchas de sangre en las herramientas y en la lámina que cubría el doble fondo del furgón. Los investigadores explicaron: “Creemos que los policías, al intentar sacar el cargamento, abrieron diversos boquetes y jalaron la lámina, pero se cortaron, y allí dejaron muestras de sangre que están siendo procesadas”.

Mientras sustraían la droga, llegaron altos mandos de la PNC. El primero fue Héctor David Castellanos Soto, entonces subdirector de Operaciones.

Le siguió Orlando Evangelista Villatoro Alvarado, jefe administrativo de la DEIC en ese momento. Ambos están prófugos.

Los obligan a abortar plan

Según el reporte del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés) del autopatrulla SGIC001, utilizado por Castellanos, esta unidad arribó al lugar a las 15.13 horas, permaneció tres minutos, supuestamente para verificar el desarrollo de la actividad delictiva, y luego se trasladó a la colonia San Antonio, zona 6, a donde se presume que transportó parte del cargamento.

Después regresó a Las Buganvilias y se retiró hacia la zona 18. Una tercera vez llegó a donde se encontraba el furgón, y se retiró a los pocos minutos. Al parecer, su función era supervisar el operativo.

A las 15.52 horas se produjo una conversación telefónica entre Villatoro y Martínez, en la cual dijeron que debían abortar la operación porque al lugar habían llegado particulares y que estaban por arribar agentes policiales que no formaban parte de la banda, pero que se habían enterado de la existencia del furgón.

En el autopatrulla mencionado se transportaban tres agentes de seguridad de Castellanos, que, a criterio de la Fiscalía, se presentaron en el lugar para verificar que todo saliera como estaba planificado.

Se agrega que los tres agentes se pusieron de acuerdo para que sus exposiciones en el MP coincidieran con la declaración escrita de Castellanos.

Las investigaciones establecieron que Castellanos intentó borrar evidencias, al retirarle el GPS al automotor que había usado.

A eso de las 16.45 horas llegó el entonces director Pérez Paniagua —en prisión, sindicado del robo de US$350 mil—, acompañado de Rolando Mendoza Pérez, director general adjunto de la PNC en ese entonces; Víctor De Jesús López, subdirector general de Operaciones, y Martín Alejandro Mejía, inspector general.

Junto a Pérez también se presentaron sus ocho agentes de seguridad, encargados de proteger las operaciones de esa estructura delincuencial.

Cuando reporteros periodísticos se hicieron presentes en el lugar, Pérez Paniagua les informó que habían localizado 300 kilos de cocaína.

A criterio del MP, su presencia en Las Buganvilias tenía como objetivo dar apariencia de legalidad a la operación ilícita y para que les diera tiempo de trasladar el cargamento a otro lugar.

A pesar de ello, el 16 de octubre último, Raúl Velásquez, ministro de Gobernación, informó por escrito en la Fiscalía que esa cartera obtuvo la información después de que se suscitaron los hechos.

Según Velásquez, la información que le dieron era la misma que le habían proporcionado a la Prensa, por lo que ordenó a la Oficina de Responsabilidad Profesional que se iniciaran las investigaciones, porque no se cumplió con los procedimientos establecidos para los operativos.

El informe entregado por Castellanos asegura que antes de que los autopatrullas llegaran, se habían presentado motoristas de la Comisaría 12. Para justificar su presencia, Castellanos dijo que en la línea 110 habían recibido una llamada que alertaba sobre un camión abandonado.

El GPS volvió a ubicar a Castellanos en ese lugar al día siguiente, por la noche.

En investigación

El MP ha logrado determinar la participación de 14 policías y un particular, cinco de ellos aún pendientes de captura.

Los detenidos están vinculados por conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. Solo a uno se le agregó el delito de procuración para la impunidad.

Aún está abierta la investigación contra tres ex jefes que llegaron al lugar de los hechos ese día. Además, se trata de determinar la responsabilidad de otros 36 policías que estuvieron presentes.