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La falta de respuesta del Ministerio de Gobernación frente al clamor popular por seguridad ha hecho que proliferen en la provincia las juntas locales de seguridad, las cuales, en la mayoría de casos, actúan sin control y al margen de la ley.

Estadísticas del Grupo de Apoyo Mutuo dan cuenta de que entre enero y septiembre pasados se registraron 110 casos de intento de linchamiento, de los cuales 28 fueron consumados. En la mayoría estuvieron involucrados integrantes de las juntas locales de seguridad.

Datos de Gobernación señalan que en el país se han integrado más de mil juntas, aunque el subregistro es aún mayor, porque muchas de estas actúan sin autorización oficial. Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango, Alta Verapaz y Sololá son los departamentos donde proliferan estos grupos.

Solo en San Marcos hay más de 350 juntas locales, de las cuales solo un centenar tiene autorización para actuar. “Nacen por necesidad, ya que la población se encontraba de rodillas ante la ola delictiva”, justificó Rolando Rodríguez, presidente de la coordinadora de seguridad de ese departamento, donde ha habido más linchamientos.

En Alta Verapaz, más de cien grupos vigilan aldeas, caseríos y municipios contra delincuentes y narcotraficantes. En la cabecera de Sololá, 40 de las 77 registradas tiene una red de seguridad, mientras que en Chimaltenango superan el centenar, entre oficiales y clandestinas.

En algunos municipios, como Escuintla y Jalapa, los vecinos, Gobernación y policía trabajan de la mano para brindar seguridad, lo cual evita abusos y linchamientos.

La historia se repite en aldeas, municipios y departamentos del país, incluida la capital.

Para Seguridad en Democracia (Sedem), esas juntas son una amenaza para las fuerzas de seguridad y para la propia población. “No hay justicia ni seguridad si se actúa al margen de la ley, si las autoridades no responden de manera pronta e inteligente ante la justa exigencia de la población”, señala la Sedem en un comunicado.

Wérner Leal Yaxcal, subdirector adjunto de la PNC, reconoce su culpa, y asegura que “hay debilidad en el contacto con las comunidades, y eso provoca falta de confianza entre el Policía y la población”.