Los asesinos andan sueltos
Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, preocupan a la población, pero el mayor temor es el papel que desempeña la Policía.

Por: Susan Ferris
Fotografía: The New York Times

CIUDAD JUÁREZ, México.- Norma Andrade ya no hablará acerca de los detalles de la desaparición de su hija de 17 años ocurrida el Día de San Valentín de 2001, ni de las señales de violación y tortura que había en el cuerpo de la adolescente cuando fue hallada muerta, una semana más tarde, en un lote baldío de Ciudad Juárez.

En lugar de ello, hará énfasis en su furia contra la Policía estatal del estado mexicano de Chihuahua, a la cual culpa de haber actuado con negligencia en las investigaciones, y tratar con desprecio a las familias de centenares de mujeres víctimas de asesinato.

Norma Andrade -derecha- y su hija María Luisa sostienen una fotografía de Lilia Alejandra, la chica que fue asesinada, sin que la Policía interviniera. Crédito para la foto: Mónica Almeida/The New York Times.

“Los errores, el horrendo trato; voy a hablar en contra de todo eso”, dijo Andrade, con la voz quebrada. “Ellos nunca han investigado nada. Creo que saben quién mató a mi hija. Quienes lo hayan hecho deben ser personas muy poderosas”, agregó.

Muertes en papel

La hija de Andrade, Lilia Alejandra García, es una de las 370 mexicanas cuyos asesinatos se han documentado a lo largo del último decenio en esta ciudad fronteriza, al norte del país y capital del estado de Chihuahua, según datos de Amnistía Internacional.

Al parecer, después de años de quejas por parte de residentes de Juárez, agentes de la Policía Federal de México se están concentrando, en parte, en las conexiones entre algunos de los asesinos y la delincuencia organizada.

En Juárez, decir crimen organizado equivale a evocar al poderoso cartel del narcotráfico con el mismo nombre, que trafica cocaína y otras drogas ilegales, dirigidas a consumidores estadounidenses.

Una unidad especial de la rama federal, centrada en acabar de raíz con el crimen organizado, está examinando 14 casos de mujeres asesinadas. Los investigadores, incluso, tienen “los nombres y apellidos” de sospechosos, según Héctor García Rodríguez, representante en Ciudad Juárez del Procurador General de México.

¿Una esperanza de justicia?

Este mes, el titular del referido ente estatal, Rafael Macedo de la Concha, nombró a una fiscal federal especial, María López Urbina, quien deberá examinar cientos de casos y se reunirá con familiares de las mujeres. Un puñado de sospechosos ha sido arrestado en conexión con algunos de los asesinatos, pero los parientes de las víctimas creen que se fabricaron pruebas en el caso de la mayoría, después de haber sido torturados para firmar confesiones falsas.

Al mismo tiempo, la nueva agencia federal de investigación en México, conocida como la AFI, está llevando a cabo una investigación de alto nivel sobre los nexos entre el cártel de Juárez y agentes de policía corruptos, tanto locales como estatales.

En fecha reciente, agentes federales catearon una casa en Ciudad Juárez y exhumaron los restos de 12 hombres, posiblemente víctimas de pugnas internas o desafíos al cártel. Trece oficiales de la Policía estatal fueron detenidos y los agentes están buscando a un comandante de este cuerpo en Chihuahua, así como a otros tres que están implicados en las ejecuciones de los cadáveres en mención.

Josefina González, con un retrato de su hija, al fondo, cuyo cadáver apareció en una de las calles de Juárez.

Un oficial estadounidense que está en México indicó que la investigación marca un avance. Agentes de la Policía estatal que fueron detenidos revelaron que eran detectives de Homicidios. Esa es la ironía. ¿Cuánta impunidad más hace falta?

“Esta es la primera vez que he visto algún tipo de evidencia específica que relaciona a estos oficiales con esos cadáveres”, destacó el oficial estadounidense.

Salvajismo indignante

Al menos 137 de las mujeres asesinadas en esta área en el transcurso de la última década fueron atacadas sexualmente, evidencia hallada en los cuerpos con señales de golpizas. Muchas de ellas fueron asfixiadas y abandonadas con las manos atadas. Autoridades del estado reconocen que más de 70 mujeres están desaparecidas, aunque algunos grupos pro derechos civiles arguyen que la cifra se aproxima a 400.

La mayoría de las víctimas de asesinato eran adolescentes o menores de 20 años. Prácticamente todas venían de familias de bajos ingresos y muchas trabajaban en fábricas, al tiempo que también trataban de terminar el bachillerato o estudiaban secretariado en escuelas vocacionales.

Sólo en Ciudad Juárez, una urbe industrial caracterizada por profundos abismos entre riqueza y pobreza, el número de víctimas se ha cuadruplicado desde 1993. Los asesinatos de varones también se han triplicado, según Amnistía Internacional, grupo que ha documentado una larga lista de quejas respecto del desempeño de la aplicación de la ley en Chihuahua, tanto en el marco estatal como local.

Un caso emblemático

El asesinato de Lilia Alejandra García ilustra, tristemente, la impunidad que rodea estos crímenes: Cuatro días después de que se notificara su desaparición, personas que viven cerca de un lote baldío hicieron una desesperada llamada telefónica a la Policía local. “¿Qué idioma tengo que hablar para que usted entienda lo que le estoy diciendo? ¡Una muchacha está siendo golpeada y violada!”, informó un testigo a las autoridades, según datos de la organización humanitaria.

La llamada se registró a las 10:15 horas, pero la unidad policial no llegó sino hasta las 11:25 de la noche. Más de 12 horas después.

A esa hora, un automóvil en el cual testigos habían visto a una mujer casi desvestida tratando de escapar, ya había desaparecido. Dos días más tarde, el cuerpo de García fue descubierto en el lote cercano al sitio de donde había salido la llamada.

Amnistía Internacional puntualiza que no había evidencia de que investigadores estatales o locales hubieran tratado de entrevistar a testigos o dar seguimiento al telefonema de emergencia.

Marisela Ortiz, profesora que le dio clases a García en su niñez, lloró mientras describía su muerte.
“La golpearon hasta romperle los huesos. Le fracturaron la nariz, el cráneo, y le arrancaron el labio. La quemaron. Realmente es horrible pensar en cómo vivió sus últimos momentos, llena de angustia”, se lamentó Ortiz.

Aureny Cuevas y Martha Patricia Carrillo, captadas en un autobús, en el trayecto hacia su trabajo en una maquiladora.

“Quizá nunca sepamos quiénes son realmente los asesinos, pero sí sabemos quiénes son las autoridades. Sabemos quién no ha hecho su trabajo, quién permitió que eso sucediera una y otra vez. Ellos deberían ser castigados. Quizás si fueran encarcelados, la situación empezaría a cambiar”, concluyó.

Protesta

Jane Fonda y otras actrices estadounidenses se unieron a una protesta en Ciudad Juárez, localizada justo al sur de El Paso, Texas.

Durante la protesta en contra de la violencia contra la mujer Fonda dijo: "He tratado de entender, de sentir en mi cuerpo, lo que debe sentir una madre cuando un hijo propio es asesinado o desaparecido y que nadie preste atención, acudir a las autoridades y ser tratado como si eso no tuviera ninguna importancia".

"Amo a México", dijo Fonda, quien alguna vez rodó un filme en ese país.

Sin embargo, dijo que los parientes de las muertas o de las mujeres desaparecidas "merecen algo mejor que las autoridades que gobiernan actualmente en este lugar".

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