La nueva doctrina militar
o el fin de una época
Es de esperar que el Ejército esté dispuesto a aceptar esa discusión y que no se encierre en sus conceptos y definiciones.

Por Edgar Ruano Najarro*

Mucho tiempo ha transcurrido desde aquella mañana del 14 de septiembre de 1823, cuando el gobierno guatemalteco y la sociedad capitalina se disponían a celebrar por dos días, con gran pompa y solemnidad, el segundo aniversario de la independencia (El primero no fue conmemorado porque Guatemala estaba anexada al Imperio Mexicano, pero desde julio de 1823 se había logrado la independencia de dicho imperio).

Sin embargo, la multitud de funcionarios y del pueblo que se reunió en el edificio del Congreso no llevaron a cabo ninguna celebración, sino que en su lugar se enfrentaron con las armas en la mano a las tropas del Batallón Fijo de la Guarnición militar de la ciudad de Guatemala, comandadas por el capitán de granaderos Rafael Ariza y Torres, quien se alzó el armas contra el gobierno con el pretexto de los salarios atrasados a la tropa, pero que desde hacía meses se sabía de sus propósitos de provocar un levantamiento. Desde luego, el capitán Ariza y Torres estaba muy lejos de imaginar que con sus acciones tan tempranamente inauguran una larga historia de sublevaciones, alzamientos y rebeliones militares, las cuales en su conjunto pueden catalogarse como la forma de participación de las fuerzas armadas en la historia de la política nacional.

Medio siglo después, en 1871, Justo Rufino Barrios, abogado y cafetalero, y Miguel García Granados, comerciante, tomaron el poder por la vía armada y una vez en él crearon el moderno Ejército de Guatemala, pero lejos de construir una institucionalidad que hiciera que las nuevas fuerzas armadas se supeditaran al poder político civil, actuaron de modo contrario, es decir, se asignaron el grado de generales del Ejército y repartieron entre sus amigos y correligionarios grados militares y de esa manera presidieron el gobierno y las fuerzas armadas al mismo tiempo. Se trató, pues, de una elite política de extracción civil, que se convirtió en militar.

El resultado fue el surgimiento y desarrollo de un régimen político en el cual el poder político estuvo compuesto por la imbricación de una clase política civil y la alta jerarquía militar, la cual desarrolló y mantuvo hegemonía sobre el conjunto de fuerzas políticas. De ese modo, puede afirmarse que el dominio político de ahí en adelante fue ejercido por las elites militares, terratenientes, comerciantes en alianza con las empresas extranjeras, particularmente bananeras y ferrocarrileras.

Así nació el moderno poder político construido por los liberales y fue por ello que el Estado Nacional creado por ellos fue un Estado altamente penetrado por las elites militares, ya que desde un principio no se hizo mayor distinción entre la clase política y los mandos militares. Visto de otro modo, la mediación entre el Estado y la sociedad civil fue constituida desde un principio (1871) como una relación entre el Ejército (que controlaba el Estado) y la sociedad civil, en la cual predominaba el factor militar.

Por eso mismo, una disputa o una crisis política de cierta profundidad siempre se dirimió en el terreno militar, es decir, mediante la rebelión militar, al mismo tiempo que se produjo una alianza natural entre el Ejército y las elites económicas de la época.

Alzamientos, golpes de Estado, gobiernos y dictaduras militares fueron la nota característica por espacio de casi toda la vida republicana. En esa historia, el Ejército de Guatemala adoptó varias ideologías, comenzando por la de sus fundadores, la ideología liberal, en cuyo nombre se dieron varios golpes de Estado, para luego pasar a ciertos componentes ideológicos propios de la revolución de octubre de 1944, hasta terminar abrazando el furioso anticomunismo de los años cincuenta, bajo cuya bandera igualmente se derrocaron gobiernos o se forzaron a otros a reorientar sus políticas. La doctrina de la seguridad nacional fue el cuerpo sistemático de ideas que rigió el anticomunismo castrense y bajo su sustentación el ejército se enfrentó a las organizaciones armadas de izquierda durante la larga guerra civil que terminó en 1996.

Sin embargo, esa historia empezó a cambiar en los últimos veinte años. La Constitución de 1985 eliminó la prohibición expresa de la actividad comunista, con lo cual el Ejército se quedó sin un soporte constitucional para combatir a su enemigo ideológico. Luego, en los años noventa desapareció el mundo bipolar de la guerra fría por efecto del hundimiento del socialismo soviético, con lo que del mismo modo se extinguió la amenaza externa para el Estado, visualizada por las fuerzas armadas, que era el comunismo internacional.

Pero, la piedra de toque del vaciamiento ideológico militar fue la firma de los Acuerdos de Paz y la finalización del conflicto en 1996. ¿Cuáles serían de ahí adelante los lineamientos de una nueva doctrina militar en tiempos de paz y de ausencia del enfrentamiento Este Oeste? Siete años han sido necesarios para que en el Ejército guatemalteco se formule esa nueva doctrina.

En un contexto atravesado por denuncias y escándalos de corrupción en las altas esferas militares recientes y por una improvisada, pero importante reducción de los efectivos militares, nada menos que en un cincuenta por ciento, se ha anunciado y presentado públicamente (por tercera vez) la elaboración y conclusión de la doctrina militar del presente.

La diferencia ahora es que entidades como la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) o personalidades de diversos signos ideológicos han vertido opiniones favorables al documento presentado por los militares. Sin embargo, una crítica que se le hace es que no fue discutida y consensuada con otros sectores de la sociedad, lo cual hace necesario profundizar y reflexionar sobre algunos aspectos oscuros o controversiales que contiene.

En todo caso, es de esperar que el Ejército esté dispuesto a aceptar esa discusión y que no se encierre en sus conceptos y definiciones, pues entonces no serviría de nada y se correría el riesgo de que este documento tuviera el mismo destino de los dos anteriores: el olvido. Es necesario recordar, que el signo democrático de los tiempos indica la ventaja y la necesidad de la amplia participación ciudadana en la discusión de los aspectos centrales de la vida nacional. Si el Ejército desea que la nueva doctrina tenga viabilidad, debe lograr que la ciudadanía se apropie de dicha doctrina y eso sucederá si la misma ciudadanía discute y aprueba conjuntamente con los militares.

Tampoco hay que dejar de lado el hecho de que en una discusión seria sobre la nueva doctrina militar, la cuestión de fondo, dada la historia de este país, es el papel de las fuerzas armadas en la construcción del poder político. Si una nueva doctrina subordina, no en el papel, sino en la mentalidad del cuerpo armado, al Ejército al poder civil, y si los militares están dispuestos a discutirlo abiertamente con la sociedad civil, entonces, y sólo entonces, habrá finalizado una época.

* Licenciado en sociología y catedrático
de historia política en la Universidd Rafal Landívar.