Algo sobre la pena de muerte
Privar del derecho a la vida a un delincuente alivia el instinto de venganza de las víctimas.

Por: Alexánder Sequén-Monchez

De que es difícil disentir en Guatemala no cabe la menor duda. Enseguida quedamos atrincherados en tribunas falsamente ideológicas, porque la izquierda es el espejo de una derecha brusca y anquilosada. Pero igual se finge la guerra de oposiciones.

Por ejemplo, si estamos a favor de la pena de muerte, el resto se encarga de divulgar un retrato fascista. Por el contrario, si se rechaza la existencia de este castigo, uno puede darse el lujo de navegar con la bandera políticamente correcta y ser bienvenido en los cenáculos del progresismo demagógico.

A los 183 años de que los criollos fundaron esta República de fantasía, continuamos atosigados de tabúes que van desde el control de la natalidad, pasando por la memoria histórica y por la complicada naturaleza del narcotráfico, hasta la eliminación legal de guatemaltecos, teóricamente oídos y vencidos en juicio.

Mucha tinta, pero no hay manera de que las cosas cambien. En principio, me opongo a que, iniciado el siglo XXI, el Estado siga echando mano de una composición química para punir el crimen.

Sus simpatizantes, en cambio, defienden una supuesta capacidad disuasiva que intimida a futuros delincuentes. Esto es un error: la mentalidad criminal no reconoce ni autoridad ni limites. Para ellos matar es un placer y evadir la justicia un gaje del oficio.

A pesar de hacer míos los criterios abolicionistas de un Camus o de un Koestler, reconozco que vivo en Guatemala, lo cual significa que la pena de muerte nunca ha estado ausente. La aplicaron los conquistadores y los colonos, también los militares y los guerrilleros en cada “ajusticiamiento”. Para hablar de la pena de muerte hay que restablecer la relación entre moral e historia.

La sociedad y sus instituciones han sacralizado el uso de la violencia. Si la literatura hizo la crítica, la proyección de la imagen a través del cine o la televisión propone su apología. Dicho en otras palabras, la vida ha perdido su valor. De ahí que, moralmente, a Estados Unidos le de igual conseguir petróleo que matar a miles de personas.

O, en un caso más próximo, que el automovilista neurótico no sufra una mala conciencia al momento de sacar su pistola y eliminar, sin ningún motivo, a quien se cruza “agresivamente” en su camino. Día a día, y según sean nuestros intereses, seguimos proporcionando la muerte involuntaria.

Las cegueras dogmáticas han ocultado una cuestión capital. Por un lado, la opinión del conservadurismo prejuzga de acuerdo al estereotipo: les alegra saber que ese castigo opera únicamente de la clase media para abajo.

Por otro, el activismo -en que pretende recuperarse de la derrota la frustración “revolucionaria”- aborda el tema desde la conveniencia, llegando incluso a victimizar a los condenados a muerte. En todos estos años han sido incapaces de formular una propuesta de política criminal a largo plazo. Y sí que han tenido la oportunidad.

Privarle del derecho de la vida a un delincuente sentenciado no resuelve el problema de la criminalidad, estoy de acuerdo, pero dadas las circunstancias sí que alivia el instinto de venganza de las víctimas. Porque el Estado, en el campo penal, no hace más que administrar la primitiva Ley del Talión. La cosa a discutir es cómo devolverle a la justicia su eficacia y dignidad sin retóricas.

Ahí está, para empezar, esa inmensa bomba de tiempo que es la saturación del sistema penitenciario. ¿Y entonces?

Acuso recibo: por su carta deduzco que cierto lector no leyó mi artículo. “Zapatero a tus zapatos”, dice, pero no atiendo las descalificaciones de ese tipo. Como escritor simplemente no pido permiso para pensar. ¿Por qué mejor no busca la relación entre deporte y literatura leyendo a Píndaro? Claro, toda vez no crea que es el nombre de un beisbolista o el de una pizzería.