Banana republic: mining republic
El cargo de embajador es político, de representación de gobierno a gobierno

Por Edgar Ruano Najarro*

El relato que hace el presidente Juan José Arévalo en Despacho Presidencial sobre su relación con el embajador estadounidense Richard Patterson es impresionante.

Patterson llegó a Guatemala el 17 de noviembre de 1948 con la misión de lograr que fuera reformado el Código del Trabajo para que éste no tuviera jurisdicción sobre la United Fruit Company, ni sobre ninguna otra empresa estadounidense y, si para ello fuera necesario, derrocar al mismo Arévalo. Más que embajador parecía un ejecutivo de la gran bananera.

El embajador probó con todo. Ofreció al presidente viajes por Estados Unidos, condecoraciones, mujeres, “lo que él quisiera” y, desde luego, amenazó y finalmente conspiró contra el gobierno guatemalteco. El resultado es conocido, ni el Congreso Nacional, ni el gobierno de Arévalo, dieron marcha atrás y la ley guatemalteca rigió para todos, nacionales y extranjeros, en todo el territorio nacional.

Patterson acabó siendo expulsado a los 28 meses de fungir como embajador por sus abiertas actividades conspiradoras contra el gobierno. El siguiente embajador estadounidense, Peurifoy, tuvo mejor suerte, logró el derrocamiento del gobierno de Árbenz en 1954 y, con ello, la United Fruit Company recuperó sus tierras expropiadas por la Ley de Reforma Agraria.

Vale la pena, a estas alturas, dar una idea de la United Fruit en Guatemala. Alfonso Bauer Paiz que, como ministro de Economía y Trabajo, se enfrentó a la frutera en diversos conflictos laborales, ofrece abundantes detalles en su libro Cómo Opera el Capital Yanqui en Centroamérica. He aquí algunos:

La Compañía ingresó a Guatemala por medio de un contrato celebrado con el gobierno de Guatemala, en 1901, para efectuar con su propia flota de vapores el tráfico marítimo entre el país y numerosos puertos del Caribe y el norte de Sudamérica.

Posteriormente, en 1924, firmó otro contrato con el gobierno guatemalteco mediante el cual se le daba una concesión a la frutera por veinticinco años prorrogables sobre los terrenos situados en las márgenes del río Motagua, desde el puente El Rico hasta su desembocadura en el Caribe, es decir, más de 150 kilómetros de longitud, atravesando todo el Departamento de Izabal, en las mejores tierras de la región.

La Compañía pagaría unos US$14 mil anuales por el canon de arrendamiento, US$12 por cada árbol de caoba o de cedro que cortara al hacer el desmonte y un centavo de dólar por cada racimo de banano que exportara.

Dada la enorme demanda de maderas preciosas en el mercado mundial en aquella época, la frutera recuperó sus gastos y estuvo en posibilidades de iniciar a gran escala el cultivo del banano solamente con la venta del cedro y la caoba que entonces abundaba en las selvas de Izabal.

Con los años, y por medio de nuevos contratos, con el gobierno del general Lázaro Chacón en 1930; con el presidente Jorge Ubico en 1936 y con el coronel Carlos Castillo Armas en 1954, llegó a poseer en 1953 la cifra de 230 mil 379 hectáreas de tierra en ambas costas, de las cuales solamente tenía cultivadas 21 mil 289 hectáreas, en las que el 42 por ciento de sus cultivos eran de banano y el resto de palma africana, abacá, plátano, bambú, hule, etc.

En 1953, la UFCO exportó 7 millones de racimos de banano, así como 64 mil toneladas de carga de todo tipo por medio de su flota de vapores y transportó 209 mil toneladas de carga de importación que llegó al país en ese año.

Grosso modo esos eran los intereses de la United Fruit Company en Guatemala y, por ellos, representantes al Congreso de EUA, al Senado, embajadores, secretarios de Estado, jefes de la CIA, derrocaron gobiernos, pusieron presidentes en Guatemala y en todos aquellos países latinoamericanos que, burlonamente en los corrillos del Departamento de Estado, llamaban Banana Republics. Fue toda una época. Es el pasado.

Por todo ello, no ha dejado de ser extraña la actividad, en pleno siglo 21, de un nuevo embajador, esta vez el de Canadá, señor James Lambert, quien ofrece declaraciones de prensa y escribe en la misma defendiendo y justificando las operaciones de la empresa minera canadiense que opera en Guatemala.

Ciertamente, el embajador Lambert no tiene el estilo de los embajadores de las bananeras de antaño. Por el contrario, ha sido cauto, moderado, respetuoso, al mismo tiempo que Canadá no tiene historia de intromisión en los asuntos internos de Guatemala.

Pero el cargo de embajador es político, de representación de gobierno a gobierno, y si el embajador canadiense se convierte en defensor público de una empresa minera privada, por muy canadiense que sea, al final estará haciendo el mismo papel de aquellos embajadores del pasado, que terminaban por hacer de la política exterior de su país hacia Guatemala y los negocios de las empresas connacionales una sola cosa.

De ahí en adelante, apoyar o no a tal o cual partido o candidato presidencial, según éste ofrezca o no facilidades a las empresas para operar en Guatemala, hay solamente un paso. Durante siglos ese ha sido el origen de la intervención de un país en los asuntos de otro, especialmente si se trata de un país grande frente a un chico, o para citar nuevamente al presidente Arévalo, esa ha sido la historia del “tiburón y la sardina”.

Sin embargo, al final de cuentas todo esto tiene poca importancia frente al verdadero significado económico de las novedosas operaciones mineras en el país. Más allá del desastre ecológico que se gesta en San Marcos, que no es poca cosa, lo que se observa es que el país es incapaz de visualizar una estrategia económica de desarrollo que no sea la de continuar con el mismo modelo del siglo XIX. Café y bananos para el exterior; algodón y azúcar para el exterior; cultivos no tradicionales para el exterior; es decir, bienes agrícolas para el exterior. Se trata, pues, del conocido desarrollo hacia afuera, que lleva 150 años de vigencia, con los resultados sociales de sobra conocidos.

La industria extractiva de propiedad extranjera, que explotará las minas para enviar el producto al exterior no aportará absolutamente nada para cambiar el rumbo económico del país. Por el contrario, la actividad minera extranjera en Guatemala contribuirá a reforzar ese modelo económico basado en la producción de materias primas para el mercado internacional, que ha hecho de Guatemala uno de los países más pobres, más ignorantes, del continente.

No puede ser bueno, de ninguna manera, pasar de Coffee Republic o Banana Republic a Mining Republic.

* Sociólogo guatemalteco